Crisis energética y precio del petróleo: lucha por la hegemonía en el capitalismo en crisis

Hacia julio del 2008 el barril llegó a los 150 dólares y ahora ronda los 70 dólares[1], con un pronóstico inestable, aunque a largo plazo, la Agencia Internacional de Energía (AIE) proyecta la recuperación de los precios y los vaivenes del liderazgo productivo entre EEUU y Medio Oriente[2].
En el trasfondo está la crisis energética, de EEUU en los 70´, que dispararon los precios del petróleo y con ellos el fenómeno de la especulación financiera y el deliberado sobre endeudamiento de los países del sur del mundo. Junto a esos fenómenos, se desarrolló el acrecentamiento de la militarización mundial en la disputa por los hidrocarburos, los territorios y la dominación de las poblaciones, especialmente desde Washington.
La respuesta estadounidense a su crisis energética (EEUU la mundializó) se resolvió comprando y ocupando, manipulando e intentando la dominación militar, económica e ideológica sobre el planeta, mientras buscaba respuestas a su crisis productiva de hidrocarburos, exacerbada por un agigantado consumo energético sin límite, convalidando el derroche y la contaminación depredadora de la naturaleza. Al mismo tiempo se alentó la agro-energía y el 30% del maíz estadounidense, el mayor productor mundial del rubro, tiene destino en la producción de combustible, compitiendo con la capacidad de alimentación y asociando crisis energética a crisis alimentaria, y junto a ellas la crisis ambiental.
Así, la producción de hidrocarburos y de alimentos se transformó en producción y comercialización de “comodities”, con la ganancia y la acumulación como objetivo central, corriendo a la energía y a los alimentos de su sentido principal de satisfactor de necesidades sociales. De un derecho a una mercancía como proceso sin fin. Ambas crisis son partes de la crisis civilizatoria en curso, donde lo económico financiero es solo la parte más visible de un fenómeno que es social, político y cultural, estructural y sistémico, que solo puede solucionarse más allá del capitalismo y que, claro, las clases dominantes empujan en el sentido de la liberalización.
La crisis energética se hizo mundial en la presente crisis desde el 2007-8, por lo que no sorprendió la escalada de los precios ante el pico de producción y puesta en cuestión de la capacidad mundial por descubrir, explotar y apropiar reservas de hidrocarburos. La búsqueda de hidrocarburos se hizo más costosa, especialmente con los no convencionales (shale), que multiplica el costo de producción sobre los convencionales. Estos tienen un costo que puede oscilar en torno a los 10 o 20 dólares el barril, según informa la AIE, mientras que aquellas pueden remitir a costos superiores a los 70 u 80 dólares, los valores actuales.
Son todas cifras variables de un territorio a otro, según la mayor o menor dificultad para la explotación, lo que convoca a pensar en que para la producción de los no convencionales hace falta un fortísimo soporte económico financiero de subsidio, que solo puede sustentarse desde el poder del Estado. Es algo que el keynesianismo resolvió hace más de 8 décadas y aun cuando se sostenga la liberalización de la economía, nadie duda en el orden capitalista sobre la importancia de la intervención estatal para sustentar la producción gasífera y petrolera. No existe límite ideológico para subsidiar a las transnacionales del petróleo, especialmente para defender la geopolítica del imperialismo. Es lo que hace EEUU y lo que ocurre en toda la geografía del mundo.
Con la explotación del shale, los hidrocarburos no convencionales, y la fractura hidráulica (fracking), EEUU desafió sus límites energéticos y pretende en el corto y mediano plazo resolver su crisis energética, no solo incrementado su producción, sino transformándose en el primer productor mundial de petróleos en 2015, según el citado reciente informe de la AIE. El tema fue analizado hace tiempo por el especialista mexicano John Saxe-Fernández en la Revista de la Fisyp[3], colocando grandes interrogantes sobre el costo de producción y los gigantescos subsidios estatales para asegurar la hegemonía estadounidense desde el control de la producción del insumo estratégico por excelencia.
Pero que ocurre en la coyuntura, con precios en baja, dificultando la producción de los hidrocarburos no convencionales. El tema concita atención mundial y existen análisis de conspiraciones cruzadas.
Por un lado, EEUU con el alza de la producción, asociada al sostén de la elevada extracción de la OPEP, pretende ahogar económica y financieramente a países dependientes del ingreso de su factura de hidrocarburos, caso de Rusia, Venezuela o Irán. Claro que ello conspira contra su propia estrategia asociada al shale, con costos en el nuevo límite a la baja del precio del crudo en estas horas. En esa estrategia podría asumirse Arabia Saudita, el principal productor mundial, que, por otro lado, apunta a dificultar la competencia global estadounidense en la perspectiva del 2015-2020, que según la AIE, EEUU podría convertirse en el principal productor mundial de hidrocarburos. La OPEP acaba de definir la continuidad de la producción según los parámetros actuales, en acuerdo con Arabia Saudita y en contra de las aspiraciones de Venezuela o Irán. La decisión apunta a debilitar a sus competidores, especialmente a EEUU.
¿Se desató otra guerra por el petróleo?
Es un interrogante que se suma a otras guerras, la monetaria, la comercial, u otras que animan la continuidad de la crisis mundial del capitalismo. En definitiva, la discusión de los 70´ vuelve en otro escenario, de agravamiento de la crisis mundial del capitalismo, con su capítulo energético, que impacta en múltiples procesos, sean de la agricultura, la industria, el comercio y los servicios, y obviamente en el conjunto del modelo productivo y de desarrollo que impactan en el medio ambiente y la vida en el planeta.
Un problema singular es la Argentina, con una factura de importación de combustibles por 12.000 millones de dólares anuales y un balance comercial con un déficit cercano a los 7.000 millones de dólares. La baja del precio del petróleo reduce el costo de las importaciones aunque aleja la expectativa asentada en la explotación de los no convencionales, rentables a un precio superior al actual.
Es una mala noticia para los que esperaban resolver con inversiones petroleras los límites del capitalismo local ante la ausencia de divisas por inversiones o préstamos.
Se trata de un problema estructural, y convoca a discutir la crisis petrolera global y local desde la discusión del modelo productivo y de desarrollo, cuestionando el para que de la energía y del petróleo, y desde allí definir el sentido de un nuevo modelo sustentado en la satisfacción de las necesidades sociales y no en la expectativa de ganancias y acumulación de las transnacionales de la energía y el petróleo.
No solo la Argentina tiene que discutir el impacto de la crisis energética y los precios internacionales, sino que toda la región latinoamericana y caribeña debe estructurar una respuesta común con el centro en la defensa de la soberanía energética, articulada con una propuesta de soberanía alimentaria, financiera para otro proyecto de país y región en la perspectiva de la emancipación y la liberación.
Buenos Aires, 29 de noviembre de 2014



[1] http://www.preciopetroleo.net/
[2] http://www.iea.org/newsroomandevents/pressreleases/2014/november/signs-of-stress-must-not-be-ignored-iea-warns-in-its-new-world-energy-outlook.html
[3] John Saxe-Fernández, EXPLOTACIÓN DE FÓSILES NOCONVENCIONALES EN ESTADOS UNIDOS. LECCIONES PARA AMÉRICA LATINA. En Periferias 21, Revista de la Fisyp. http://fisyp.org.ar/media/uploads/p.21-saxe.pdf

El Grupo de los 20 y el conflicto por la deuda pública de Argentina

Durante el fin de semana pasado se reunió en Brisbane, Australia, el Grupo de los 20, que a instancia de George Bush en 2008 se auto constituyó en la instancia global de análisis de la crisis mundial de la economía. Por la Argentina, ausente la Presidenta por enfermedad, participaron el Ministro de Economía y el de Relaciones Exteriores,
Interesan dos cuestiones centrales. Una remite a la continuidad de la crisis después de 7 años de cónclaves de gobernantes de los principales países del mundo, especialmente EEUU, Europa, Japón y los grandes nuevos actores políticos y económicos como China, Rusia y Brasil. Por la región latinoamericana completa la participación México y Argentina. La otra cuestión nos lleva al interés de la Argentina por incluir el tema de la deuda y muy especialmente el conflicto con la justicia de EEUU y la demanda de los fondos buitres.
Preocupa la falta de crecimiento económico
Sobre la cuestión de fondo, las deliberaciones y resoluciones se concentran en el escaso crecimiento de la economía mundial y la necesidad de asumir políticas que favorezcan la superación de la desaceleración económica mundial generada por la crisis desde las turbulencias del 2007 y especialmente la recesión mundial del 2009. Las tendencias aluden a efectos sociales regresivos hacia el 2018, completando una década de carga de la crisis sobre los trabajadores y pobres del mundo.
El epicentro de los problemas está en los países capitalistas desarrollados, especialmente EEUU, cuyo crecimiento económico no termina de contribuir a resolver sus propios problemas locales y mucho menos a cumplir el esperado papel de locomotora de la economía mundial.
Un tema agravante es el impacto sobre el empleo con 33 millones de desocupados, agravado para los jóvenes que retrasan la incorporación al mercado laboral y constituyen un serio problema social y civilizatorio que favorece las tendencias a extender la participación juvenil en el capitalismo delictivo. Esto se expresa, entre otros problemas, en la producción y circulación de drogas o armas, como en la trata de personas. No solo se alude al consumo y difusión de esos problemas sobre la población joven, sino al involucramiento juvenil, como medio de vida, en la producción y circulación de mercancías en el circuito del delito económico.
En este sentido, conviene asociar la evasión y elusión fiscal de las grandes transnacionales y la especulación financiera al delito que define el capitalismo contemporáneo. No solo se trata del fenómeno de la extensión de los paraísos fiscales, que el G20 viene considerando sin ningún resultado visible desde noviembre del 2008, sino de la emergencia del problema del endeudamiento público de los Estados y ya no solo de los atrasados o dependientes, sino de los principales países del capitalismo desarrollado. Entre ellos destaca EEUU con una deuda del 100% de su PBI, que en términos absolutos es la más grande del mundo, en las antípodas de la situación de 1945. Entonces, la situación de gran acreedor del mundo le permitió constituirse en potencia hegemónica del sistema mundial e imponer su moneda como equivalente universal. Es algo que ahora está en discusión, por Europa y crecientemente por China, con su tendencia a habilitar acuerdos de intercambios con monedas locales que sustituyen el monopolio del dólar en las relaciones económicas internacionales.
La litigiosidad en materia de deuda pública
En ese marco es que la posición de la Argentina llegó a la declaración final con el eufemismo de la litigiosidad, en alusión a las demandas de acreedores, los fondos buitres, que afectan procesos de renegociación de la deuda pública, tal como ocurre con la Argentina en la actualidad. El G20 instruyó a las autoridades económicas y monetarias, es decir, a sus Ministros de Economía y titulares de los bancos centrales de los países que integran el G20, para aportar recomendaciones sobre el asunto.
La preocupación trasciende a la economía de la Argentina y se proyecta en el nuevo fenómeno mundializado del crecimiento del endeudamiento público de los países. Es un problema derivado de la necesidad de sostener con estímulos financieros desde los Estados la crisis mundial. En rigor, mucho neoliberalismo y discurso crítico hacia la intervención estatal, con el objetivo de desarmar posiciones de los Estados nacionales en el sostenimiento de la función social desplegada desde los años 30 del siglo pasado, pero en concreto, una fortísima participación estatal para sostener a grandes empresas y bancos, aun con el impacto social regresivo en materia de pérdidas de empleos, salarios y disminución del gasto estatal en materia de seguridad social y derechos de la población en educación, salud o empleo.
Desde el gobierno de la Argentina se celebró la inclusión del tema por abonar en la iniciativa política internacional en la denuncia sobre la demanda de los fondos buitres y la sentencia de Juez Griesa de Nueva York que obliga a pagar a la Argentina el 100% de la deuda en litigio, mientras se gana tiempo para una eventual negociación a partir del cercano 2015, escapando a la cláusula de vencimiento a fin del 2014 que podría condicionar al país a ofrecer similares condiciones de pago al conjunto de los acreedores ingresados a los canjes de deuda del 2005 y del 2010.
Más allá de como termine la situación litigiosa, negociando o postergando la cuestión como problemas de una próxima administración gubernamental a partir de fines del 2015, la recomposición de reservas internacionales es una preocupación central de las autoridades económicas. En el transcurso de noviembre el stock de reservas pasó de 28.077 millones de dólares el 3/11 a 28.816 millones de dólares del 18/11 (último dato publicado por el BCRA al momento de la presente nota). Esa recomposición apunta a sostener un stock suficiente para hacer frente a los vencimientos de deuda y en la medida que resuelva el conflicto con los fondos buitres, reingresar al mercado financiero mundial para asumir nuevas deudas que apuntalen el ingreso de divisas y sostener un modelo económico que para funcionar requiere del ingreso sostenido de moneda externa, sea como inversiones externas o como préstamos.
La recomposición de reservas internacionales es principalmente derivada de la ejecución del segundo tramo del acuerdo swap de China y la Argentina por 500 millones de dólares. El primer tramo fue por 814 millones, sumando ya 1.314 millones de dólares pagaderos al año desde su ingreso al tesoro, con sus correspondientes intereses, los que se cancelan con recursos fiscales que compiten con usos alternativos como las compensaciones por pérdidas de ingresos ante la inflación que demandan los trabajadores activos y pasivos en este fin del año.
Vale considerar que Argentina recibió moneda China equivalente a esos millones de dólares, al tiempo que se depositaron pesos en China por ese monto. Ambos países usan la moneda local para cancelar operaciones de comercio mutuo, alejando al dólar de las transacciones. Un dato no menor es la creciente tendencia al déficit comercial de la Argentina respecto a China, cuyas exportaciones a nuestro país superan ampliamente a sus compras. De este modo, China ya no solo es un importante socio comercial, con saldo a favor, sino que es crecientemente un inversor externo en varios rubros, especialmente en infraestructura, equipos y tierras, adicionando ahora su carácter de prestamista.
Resulta una cuestión a estudiar relativa a la nueva dinámica de inserción internacional subordinada de la Argentina en el mercado mundial, y la reanudación de un ciclo de endeudamiento. Vuelve a perderse una oportunidad para suspender los pagos y auditar la deuda pública en la búsqueda de la independencia en un marco de una integración y un desarrollo autónomo del sistema capitalista. El mundo capitalista en crisis requiere de experiencias de otro orden, algunas de las cuales se procesan en Nuestramérica y que bien podría animar y potenciar la Argentina.

Buenos Aires, 23 de noviembre de 2014

¡El enemigo a vencer es el capitalismo!

En la Argentina, noviembre del 2015, ya estamos en proceso electoral hacia la renovación presidencial con las elecciones de octubre del 2015.
La prensa y los “opinólogos” remiten a la disputa por la administración central del capitalismo local. La discusión es si es mejor el kirchnerismo o la oposición sistémica, o sea, aquellos a los que no se les ocurre cambiar el modelo productivo y de desarrollo, y en todo caso, ofrecer una variante matizada de beneficiarios del orden económico.
Se disputa el gobierno del orden capitalista. En ninguno de los proyectos se piensa en ir más allá del capitalismo, lo que constituye un desafío para el movimiento popular y la izquierda en sus diferentes manifestaciones.
El kirchnerismo disputó y ganó consenso electoral y pretende organizarlo social y políticamente.
Es innegable que el kirchnerismo entre 2003 y 2014 promovió una política económica y social que le permitió disputar consenso social electoral, creciente en la sucesión de elecciones presidenciales del 2003 (22%), del 2007 (45%) y del 2011 (54%).
Una de las razones principales remiten al funcionamiento de la economía, a la recuperación del empleo y relativamente de los ingresos populares, convenciones colectivas de trabajo mediante; y también a una política de memoria sobre derechos humanos y de relacionamiento con la región latinoamericana en un tiempo de cambio político y crítica importante a la hegemonía del discurso neoliberal de los 90´.
Nunca hubo propuestas de rumbo de superación del orden capitalista, cuando mucho, críticas a las políticas hegemónicas en los 90´ (obviando propia participación protagónica) y convocatoria a un capitalismo serio o normal, el que se define por su capacidad de obtener ganancias, aplicarlas a la acumulación y sustentar la dominación del capital sobre los trabajadores, los recursos naturales y el conjunto de la sociedad.
Nadie espera resultados similares a los del 2011, y ni siquiera a los del 2007 para los próximos comicios de renovación presidencial en el 2015, y más bien, todos los pronósticos oscilan entre el primero y el segundo de los guarismos, rondando el 30%, lo que no es poco para constituirse en primera minoría electoral, con peso considerable en cargos legislativos y algunos ejecutivos, especialmente municipales, pero sobre todo en la conducción del conflicto social.
Resulta un dato interesante a los efectos de pensar en renovadas iniciativas de unidad de acción de los sectores subordinados en el escenario que se abrirá luego de la asunción de un probable opositor, e incluso de Scioli, candidato kirchnerista, en el nuevo turno presidencial entre 2015 y 2019.
El interrogante a pensar es cuál resulta la razón de la pérdida de votos en el último tramo del gobierno de Cristina Fernández, lo que remite principalmente a la economía, pero también se explica por el retorno de la represión y mecanismos que intervienen en el control social, sea la ley anti terrorista como otros procedimientos explícitos con fuerzas de seguridad en el control del conflicto social, junto a otras medidas que alejan de la propuesta gubernamental a los sectores medios, de endeble lealtad política electoral, demanda de divisas mediante. Pero también se explica en el corrimiento que supone la búsqueda de reconocimiento en el sistema mundial capitalista, con señales favorables al poder mundial más allá de ciertas contradicciones con EEUU a propósito de las demandas de los llamados fondos buitres, lo que sugiere el crecimiento de opciones de la izquierda política y social.
Lo económico ocupa cierta centralidad en la pérdida del consenso, y entre otras cuestiones destaca el impacto entre los sectores más empobrecidos que viven de ingresos fijos, salarios, jubilaciones o planes sociales, derivados de la convergencia de un incremento de precios de bienes y servicios de consumo cotidiano contra ingresos populares ajustados por debajo de la inflación. Es una causa evidente del descontento social por abajo. Al mismo tiempo, la continuidad de la impunidad empresarial mantiene elevado el nivel del empleo no regular en el 33,5% para mediados del 2014 según datos del INDEC, acumulando desconformidad entre los trabajadores y limitando las posibilidades del mercado interno y los intereses de sectores pequeños y medianos de la burguesía local que venden y apuestan al mercado local.
La inflación, el trabajo irregular, la baja de los ingresos populares, no solo los salarios, la precariedad y el mantenimiento de la ofensiva del capital sobre el trabajo genera una masa gigantesca y creciente de descontento que se manifiesta en conflictos sociales explícitos y en los últimos dos años en tres paros generales, convocados por la unidad en la acción de la CTA Autónoma y la CGT disidente, y a veces en soledad por la CTA, cuestión que se repetirá el próximo 20 de noviembre, nada menos que el día de la soberanía.
No resulta menor el tema de la inseguridad, donde se escamotea en su análisis el creciente carácter delictivo que asume el capitalismo, con la producción y la circulación de drogas, de armas y de personas, junto a la fuga de capitales, la evasión y elusión fiscal. El capitalismo normal de este Siglo XXI está indisolublemente ligado al delito. Alguien puede decir que siempre fue así y tendrá razón, pero el carácter que adquiere hoy es gigantesco y tiene sus responsables principales entre las clases dominantes y el poder de los principales Estados del capitalismo mundial, al que se asocian los Estados nacionales de aquellos países que intentan pertenecer, entre ellos, el caso de la Argentina.
El capitalismo delictivo es una forma de explotación que ofrece mejores salarios a los “trabajadores” involucrados en el sistema del delito que a aquellos explotados en las formas regulares del orden capitalista, la producción y circulación de bienes y servicios que se ofrecen para satisfacer necesidades reales o no de la población. La inseguridad asociada al delito crece en el país y en el mundo, y esas mafias organizadas tienen contacto con el sistema institucional, trasponiendo turnos de gobiernos y constituyéndose en un fenómeno estructural que dificulta la capacidad de constituir alternativa entre los trabajadores y los sectores populares.
La lucha contra el capitalismo es también una cuestión de soberanía, ya que el narcotráfico, la comercialización de armas, o de personas, la especulación financiera y económica está dirigida por redes globales en tiempos de transnacionalización del capital. No puede pensarse en una red de tráfico de drogas, de armas o de personas, de circulación del capital, sin la complicidad de los grandes bancos  entidades financieras del sistema mundial.
Beneficiarios de la política económica y la disputa del gobierno por diferentes fracciones de las clases dominantes
Precisamente a propósito de la soberanía, o si se quiere, a la falta de soberanía, es que pueden identificarse los mayores beneficiarios de la política económica luego de la convertibilidad, lo que involucra a los gobiernos de Rodríguez Saá, Eduardo Duhalde, Néstor Kirchner y dos periodos de Cristina Fernández, claro que con matices, pese a su origen en el Partido Justicialista, el PJ.
Consideramos al puntano, pues sin la declaración de cesación de pagos del 2001 no hay posibilidad de liberación de importantes recursos públicos para atender otras demandas del proceso de recuperación económica iniciado a mediados del 2002. Del mismo modo, es Duhalde y su devaluación en enero del 2002 el que otorga la condición de posibilidad para la competitividad de la producción local, y con ello la promoción de la producción y las exportaciones locales, claro que asociado a la coyuntura mundial de precios en alza de las “comodities”, entre ellas y principalmente de la soja, aunque antes de la insuficiencia energética, también válido para las exportaciones de petróleo y gas.
La revolución productiva, propuesta electoral de Duhalde en 1999 se materializa con la ruptura de la paridad en 1 de la divisa estadounidense con la moneda local. Los que demandaban esa medida eran los grandes dueños de la producción local, las corporaciones transnacionales y los grandes grupos económicos que nutren la Encuesta de Grandes Empresas en la Argentina. A ellos debe sumarse la banca privada extranjera y local, mayoritaria en el sistema financiero y principal actividad a la hora de explicar las mayores ganancias de los últimos años, cuando habían sido principales exponentes de la crisis en el 2001.
Si los beneficiarios de la convertibilidad entre 1991 y 2001 eran las empresas privatizadas de servicios públicos, los acreedores de la deuda pública y las grandes empresas transnacionales, a la salida de la convertibilidad ganaron presencia y liderazgo el sector industrial y agrario, especialmente aquellos asociados al comercio exterior.
En un sentido accesorio y subordinado, se beneficiaron sectores pequeños y medianos de la economía local, vía mejoras en el funcionamiento del mercado interno. Así, fueron incluidos como beneficiarios en la apropiación de la renta socialmente producida en el país, algo que se pone en discusión con la desaceleración entre 2012 y la actualidad, como con la merma de la capacidad de consumo de la mayoría de la población.
Fue base de disputa del consenso entre los llamados sectores medios que ahora se corren y buscan nuevas representaciones, aun cuando su situación mejoró notablemente respecto de los años 90´, los de la convertibilidad, la desindustrialización y de la dominación de la importación. Es cierto que son sectores de corta memoria y solo buscan el rédito inmediato, y en esta coyuntura pretenden mantener volúmenes de ingresos de renta del periodo de ascenso del nivel de actividad y de sus recursos. Si eso puede lograrse cambiando el gobierno cambian su voto sin problema, aunque nadie les asegure que eso pueda ocurrir. Existe una identidad ideológica que solo se rinde ante la realidad de ganancias efectivas de estos sectores medios, oscilantes en la adhesión a cualquier proyecto que no atienda directamente sus intereses.
Conviene señalar que el modelo productivo y de desarrollo surgido luego del 2001 está sustentado en la institucionalidad económica y política gestada desde 1975/76, es decir, la última parte del gobierno peronista de María Estela Martínez de Perón (junio del 76 a marzo 76) y especialmente la dictadura (marzo del 76 a diciembre del 83), que abrió las puertas a una mayor inserción subordinada de la Argentina a la división internacional del trabajo en el orden capitalista. Calro que en los 90´, el proceso se consolidó, con buena parte de sectores que hoy militan la posición oficial del kirchnerismo en el gobierno.
La pueblada del 2001 puso fin al ciclo de ofensiva capitalista iniciado en 1975. Fue producto de la acumulación de poder de innumerables luchas del pueblo contra el “rodrigazo” en junio del 75; la dictadura y los planes en los 70´ y 80´, posteriormente ejecutados en los 90´ con las privatizaciones, y diversos mecanismos de subordinación al capitalismo hegemónico, transnacional, vía endeudamiento, apertura económica y sumisión a condiciones contractuales a tribunales externos y a la lógica de la ganancia de los grandes capitales de la producción y la especulación. En la resistencia se gestó el poder popular para frenar la lógica del saqueo y el hartazgo de la población, pero sin identificar que el problema era el orden capitalista.
Ese límite en la lucha popular facilitó la tarea de reorganización del poder en torno al kirchnerismo. Vengo a “recuperar el capitalismo nacional” dijo explícitamente Kirchner en 2003 cuando asumió y pronunció su discurso de inicio de gestión. Es una perspectiva buscada desde la recuperación económica, especialmente del mercado interno, en rigor, con la difusión del consumo, lo que aceitó las condiciones para otorgarle al kirchnerismo el consenso electoral creciente para la administración del capitalismo local hasta el 2011/13 y ahora puesto en discusión. El proceso posterior es crítico para el gobierno, porque cambiaron las condiciones de posibilidad del consenso. La economía dejó de acompañar y se manifiesta en pérdidas de reservas internacionales desde los 52.000 millones de dólares acumulados hacia el 2011, para llegar a los 28.000 millones actuales; la escalada de la inflación a valores cercanos al 40% anual, aun cambiando la metodología de medición del INDEC. Esta sigue siendo una institución no confiable, denunciada principalmente por sus trabajadores, los que denuncian regularmente el escándalo de la manipulación estadística, que impide rigurosos análisis.
Las clases dominantes que se vieron favorecidas en el ciclo ascendente y siempre desconfiaron del discurso por los derechos humanos o las alianzas en la región, especialmente con Venezuela y Cuba, iniciaron acciones ideológicas, políticas y económicas para el logro de una nueva devaluación, lo que lograron en enero del 2014 y ahora van por otra devaluación, antes de finalizado el mandato de Cristina Fernández o inmediatamente luego del cambio de gobierno. Las devaluaciones siempre perjudican a los perceptores de ingresos fijos, trabajadores activos o pasivos, perceptores de jubilaciones, pensiones o planes sociales. La devaluación del 2002 no se notó lo suficiente por la elevada tasa de pobreza, indigencia y desempleo, asociada a bajísimos salarios. Desde ese momento se tomó más en cuenta la recuperación de ingresos vía una política social que se masificó por diferentes programas, sobre la base del planteo que sustentó la CTA y el Frente contra la pobreza durante los años previos a la pueblada del 2001. Remitimos al seguro de empleo y formación para jefes y jefas de hogar desocupados, a la asignación para menores y los ingresos previsionales para todos los mayores de 65 años, algo que se ejecutó con deformación por los distintos gobiernos desde Duhalde hasta el presente.
Los planes sociales actuales, aun con deformación, son producto del programa de lucha que instaló la CTA en los años 90 y constituyen un triunfo de la lucha popular. Las posteriores devaluaciones, sucesivas desde el 2002, del 1,4 a 1 hasta el 8,5 actual, especialmente la modificación del tipo de cambio de enero del 2014, afectó la capacidad de compra del salario y los ingresos fijos de los sectores populares, con lo cual, toda salida vía devaluación luego del auge y recuperación del 2002 al presente es considerada como un ataque directo a los ingresos populares.
Iniciativas políticas contrapuestas definen el momento actual de la lucha de clases en la Argentina
La lucha de clases hoy se expresa en la iniciativa de las clases dominantes por la devaluación para hacer competitivas a las empresas que producen en el país, sea para el mercado interno o el mercado mundial, y en ese marco disputan la renta con acreedores externos, especialmente los fondos buitres, que pretenden una parte mayor de esa misma renta. El 2015 es escenario probable de negociación y acuerdo con estos buitres, restando capacidad de gasto en otras demandas de los trabajadores y sectores populares.
Es una disputa de todos contra todos en el seno de las clases dominantes y por eso los matices son mínimos entre el gobierno que retoma la agenda económica por derecha, cancelando a Repsol una indemnización con más deuda pública; pagando las sentencias del CIADI con deuda; acordando con el Club de París del mismo modo. Son todas medidas que cualquiera de la oposición sistémica hubiera realizado de ser gobierno, sea el PRO de Macri, el Peronismo Renovador de Massa, el mismo Scioli dentro o fuera del kirchnerismo y claro, los radicales en UNEN y otras variantes en su seno. La discusión sobre la sentencia de EEUU y los fondos buitres se dirime en la oportunidad, el cómo y el cuanto de la negociación y cancelación. Muy alejada de la posición sustentada desde distintos ámbitos del movimiento popular por la suspensión de los pagos de la deuda y la constitución de una auditoria con participación popular para deslindar deuda legítima de ilegitima, ilegal e incluso odiosa.
La agenda asumida por el gobierno desde las elecciones del 2011 (sintonía fina insuficientemente ejecutada) y más precisamente, luego del resultado electoral negativo del 2013, se acerca a las propuestas de los principales referentes de la oposición política y las demandas de las clases dominantes.
Por eso interesa la iniciativa de la clase obrera y el conjunto de los sectores populares para enfrentar en la lucha de clases contemporánea la iniciativa hegemónica de los que dominan y gobiernan. Resulta imprescindible extender el conflicto social, algo que está claro en la CTA Autónoma y variadas expresiones políticas del movimiento obrero en fábricas y empresas, como en los territorios de la precariedad, lideradas por la izquierda política y un activismo militante que en la experiencia consolida una propuesta clasista, anticapitalista y antiimperialista, crecientemente anti patriarcal y contra el racismo. Estas son las bases de un programa necesario, alternativo a la propuesta gubernamental y de la oposición sistémica.
La forma para hacerlo realidad supone una gran articulación de propuestas políticas en la lucha cotidiana, que incluyen el momento electoral, con algunas candidaturas lanzadas e incluso ámbitos del movimiento popular que mantienen una posición distante del proceso electoral. Una propuesta articulada de sectores populares que se reconocen en el clasismo, el anticapitalismo, antiimperialismo, el anticolonialismo, en la lucha contra el racismo y el patriarcado, necesitan expresarse unidos en la perspectiva electoral del 2015 y constituir una base para disputar consenso social en una prédica contra el orden del capital, esencia de nuestros problemas.
Es en esas condiciones que Argentina puede sumar su experiencia a otras que en la región y en el mundo aspiran a la lucha por la emancipación social y el socialismo.

Buenos Aires, 16 de noviembre de 2014

Presiones sobre los precios: del dólar y de la fuerza de trabajo

Las noticias económicas en esta semana se asocian por un lado a las demandas sindicales por un bono compensatorio de fin de año o la suba del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias o directamente su eliminación, lo que involucra al paro bancario, las negociaciones de los petroleros patagónicos, la apertura anticipada de las paritarias de los estatales en la Provincia de buenos Aires, demandas de los camioneros y el paro y jornada de movilización de la CTA Autónoma para el próxima 20 de noviembre; y por otro a la disputa por las tenencias de los dólares, o si se quiere, de las divisas en general, explicados con la emisión de nueva deuda pública y un fuerte operativo de diferentes oficinas del gobierno para controlar la especulación en el cambio de moneda.
En efecto, desde el accionar de la AFIP por un lado, y en conjunto del Banco Central, la Comisión Nacional de Valores y la Unidad de Información Financiera, sobre empresas y personas que intervienen en la elusión y evasión impositiva, junto a maniobras especulativas en la negociación de divisas y la fuga de capitales, el efecto concreto ha sido la reducción de la brecha entre la cotización oficial del dólar y otros valores que asume el tipo de cambio para el turismo o las operaciones en la Bolsa y en el dólar ilegal, paralelo o blue. Aunque vale reconocer que se trata de oscilaciones de sube y baja del tipo de cambio, donde la política oficial intenta potenciar la tendencia a la baja. En rigor, más allá del operativo de control, lo que está en el fondo del tema es la relativa mejora en la tenencia de reservas internacionales administradas por el BCRA en torno a los 28.000 millones de dólares, provenientes de préstamos externos, entre ellos la ejecución de un tramo del acuerdo con China por unos 835 millones de dólares, otras aportaciones del exterior y la emisión de títulos en pesos pagaderos al vencimiento al tipo de cambio oficial. Aludimos a dos operaciones, una primera en septiembre pasado con vencimiento en 2016 y otra de esta semana que vence en 2018. Ambas operaciones captaron unos 1.600 millones de dólares y suponen el ofrecimiento de inversiones que compiten con el dólar, y por tratarse de una colocación a mediano plazo, después del cambio de turno presidencial en diciembre del 2015, se especula con futuras correcciones de la cotización del dólar.
Señalamos que la cuestión de fondo en la baja de la cotización está motivada en las acciones de control a la evasión y al comercio ilegal y fuga de capitales por especulación de divisas, pero más precisamente por el ingreso de fondos vía mayor endeudamiento público, que compensan los pagos por cancelaciones de deuda pública. Esto confirma que se agotó la estrategia de des-endeudamiento y que además, la cercanía del fin de año y, con él, la finalización del efecto de la cláusula RUFO, entonces hace falta mantener cierto stock de reservas internacionales para hacer frente a una negociación con los holdouts, no solo los de la sentencia Griesa, sino que se suman otros tenedores que apuestan a repetir la decisión de la justicia estadounidense comprometiendo las cuentas fiscales de la Argentina.
Por eso, el Ministro de Economía lleva a la reunión del G20 en Australia la preocupación sobre el conflicto suscitado con buitres y la justicia de EEUU para intentar respuestas globales favorables a la posición argentina, tal como en la ONU, el G77+China o foros regionales. Claro que en el G20 están los poderosos Estados del capitalismo mundial que no acompañaron en bloque la posición del gobierno argentino en este crucial tema. La discusión de fondo en el cónclave auto asumido para discutir la crisis mundial es el crecimiento, mejor dicho, los límites que existen producto de la prolongación de la crisis mundial que no tiene horizonte de culminación en el corto plazo.
El precio de la fuerza de trabajo es menos noticia que el precio del blue
Son muchos los que sacan cuentas en la coyuntura y no solo relativo al precio del dólar. Los datos del INDEC mediante la Encuesta Permanente de Hogares para el segundo trimestre del 2014 señalan que la mitad de los trabajadores asalariados gana menos de 4.500 pesos por mes en su ocupación principal. Son datos relevados en un estudio realizado por el Área de Economía Política de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, FISYP. La información da cuenta de un 33,5% de trabajadores asalariados no registrados por sus empleadores, señal de impunidad empresarial, en el mismo sentido que los grandes evasores y responsables de la elusión de impuestos.
Entre los trabajadores no registrados, el 81,2% percibe menos de 4.500 pesos mensuales en su ocupación principal y el promedio de los trabajadores no registrados es de 2.903 pesos al mes y se eleva a 3.745 pesos cuando trabajan a tiempo completo, es decir, más d e35 horas semanales. Del conjunto de trabajadores asalariados registrados el 62,9% ingresa menos de 6.000 pesos mensuales en su ocupación principal; el 42,5% menos de 4.500 pesos al mes también en su ocupación principal.
Son datos oficiales a junio del 2014 y explican el retraso de los ingresos de la mayoría de los trabajadores. Solo un poco más del 10% de los trabajadores son contribuyentes del impuesto a las ganancias, lo que demuestra la importante dispersión salarial en la Argentina. Algunos son afectados por el impuesto a las ganancias y la mayoría sufre bajos y escasos ingresos junto a la inseguridad de un piso difícil de bajar de trabajadores no regularizados por la impunidad patronal, lo que incluye al propio Estado nacional, provincial y municipal.
En definitiva son los datos duros de la realidad. Mientras desde un ángulo se lucha por la sobrevivencia, con bajos ingresos y elevada inseguridad social, la de los trabajadores, la otra cara de la realidad nos devuelve la impunidad empresaria asociada a la especulación financiera, la evasión y la elusión fiscal, el fraude y la especulación.
Son dos aspectos a resolver y que se manifiestan en reclamos diferenciados por la liberación de la cotización de las divisas y por la mejora de los ingresos de los trabajadores, aun cuando las noticias se preocupan más por la cotización de las monedas externas que por los salarios, el precio de la fuerza de trabajo.
La coyuntura se define en la disputa de unos y otros por satisfacer sus demandas, unos para mejorar su capacidad de acumulación y dominación capitalista y otros, los trabajadores, para resolver condiciones adecuadas de la vida cotidiana para ellos y sus familias, a la sazón, la mayoría de la población argentina.

Buenos Aires, 15 de noviembre de 2014

Evasión y elusión impositiva de transnacionales y riguroso cobro a los trabajadores

Una importante noticia sobre evasión y elusión fiscal se conoció esta semana, cuando “La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) suspendió a la multinacional Procter & Gamble por fraude fiscal relacionado con operaciones de importación desde Brasil que eran facturadas a través de una filial radicada en Suiza por 138 millones de dólares”.[1]
El mecanismo utilizado se asocia a una práctica común entre las grandes empresas que vía sobrefacturación de importaciones pagan más a sus proveedores en el exterior, sus propias casas matrices o sucursales, y así burlar la restricción a la compra y transferencias de divisas al extranjero.
Bajo esa circunstancia la AFIP “suspendió preventivamente el CUIT de P&G y su inscripción en el registro de importadores y exportadores como así también la posibilidad de que la empresa opere en el mercado de cambio de divisas”[2].
El titular del ente de recaudación dijo que “Nuestro objetivo principal es que P&G reintegre al Banco Central las divisas fugadas y que pague las sanciones aduaneras y el impuesto a las ganancias evadido por la manipulación de los precios de transferencia”[3].
Resulta interesante que se investiguen y sancionen estas prácticas delictivas que afectan los ingresos públicos, máxime cuando verificamos el creciente peso de las contribuciones de los trabajadores en el impuesto a las ganancias.
En un reciente estudio que presentamos en Costa Rica[4] dábamos cuenta que la recaudación por el impuesto a las ganancias venía creciendo en los últimos años, siendo mayor la proporción recaudada por la cuarta categoría establecida por el impuesto, o sea, los salarios.
Señalábamos respecto a la proporción de lo recaudado sobre el PBI que hacia 1999 la recaudación por ganancias “...ocupaba alrededor del 3%; posterior a la caída por la crisis, continuó subiendo hasta establecerse en torno al 5% (2005-08), para volver a alzarse y posicionarse en el 6,33% del 2012”.
Al respecto se señala que el aporte de la recaudación por la cuarta categoría, es decir, lo que se retiene por salarios alcanza en 2012 al 3,4% del PBI. Eso significa que más de la mitad de la recaudación no provenía de ganancias empresarias, sino de afectación a salarios y explica los reclamos sindicales desde entonces hasta el presente por subir el mínimo no imponible o por eliminar el tributo a los salarios,
En la comparación resulta que para el año 1998, el conjunto de las 4 categorías del impuesto a las ganancias expresaban el 2,4% del PBI, y las categorías 1 a 3, o sea, la recaudación por las ganancias derivadas de la renta del suelo, de la renta del capital y los beneficios empresarios, alcanzaban al 0,8% del PBI, mientras que los ingresos de la cuarta categoría acercaban al fisco el 1,6% del PBI.
Para el 2005 ganancias aportaba el 4% del PBI, siendo el aporte de los salarios casi la mitad, el 1,9%, siendo reflejo de las mejoras en las ganancias de las empresas y la renta del capital. Aun así, el aporte vía salarios era muy importante fuente de financiamiento fiscal.
Como señalamos, en 2012, los ingresos fiscales por cuarta categoría alcanzan al 3,4% superando las ganancias provenientes de las inversiones del capital en sus diferentes variantes.
Se trata de un sin sentido de lo que por definición supone el tributo que debe recaer sobre las ganancias de la inversión de capital, que como vemos en el caso de la transnacional denunciada, se esconden, eludiendo y evadiendo, algo que los trabajadores regularizados no pueden hacer.
Según el estudio que presentamos, se estima la evasión en ganancias cercana al 50%, con lo que queda claro que son los trabajadores los principales sostenedores del regresivo régimen tributario en la Argentina y que convoca a una mayor severidad en el control de una práctica generalizada del empresariado hegemónico, en la Argentina y en el mundo para evadir y eludir impuestos.
Al mismo tiempo se impone la discusión de fondo sobre la pertinencia o no de gravar los salarios como si fueran ganancias, con mucho más lógica cuando una de las reivindicaciones en la coyuntura pasa por el debate sobre un bono de fin de año compensatorio por la inflación que deteriora los ingresos salariales.
Buenos Aires, 7 de noviembre de 2014



[1] La AFIP suspendió a Procter & Gamble por fraude y fuga de divisas, Telam, 2/11/2014, en: http://www.telam.com.ar/notas/201411/83872-afip-suspension-procter--gamble-fraude-fiscal-fuga-de-divisas.html (consultado el 6/11/2014)
[2] Ib.
[3] Ib.
[4] Julio Gambina y Martín Bonazzi. “SISTEMA TRIBUTARIO EN ARGENTINA: Estado como garante de la redistribución regresiva de la riqueza”. Informe presentado ante el Congreso de Profesionales en Ciencias Económicas de Costa Rica, 5 y 6 de noviembre del 2014.

Presupuesto, deuda pública, hidrocarburos y telecomunicaciones

Variadas son las informaciones económicas sobre el fin de año, y entre las más destacadas figura:
a) el presupuesto 2015 que asegura los recursos para el funcionamiento de la administración nacional hasta el fin del mandato presidencial;
b) la continuidad de la saga relativa a la deuda y la disputa del gobierno argentino con la justicia de EEUU y los fondos buitres, una cuestión que retrasa el ingreso de capitales; y en sentido contrario,
c) la ejecución del swap con China y la aprobada ley de hidrocarburos junto a la licitación de frecuencias de telecomunicación, iniciativas que intervienen en la búsqueda e ingreso de divisas.
Presupuesto y deuda
Existe una fuerte discusión sobre la realidad explicitada en los guarismos de previsión de ingresos y de egresos, especialmente si se sigue la comparación de lo previsto y lo ejecutado en años anteriores. Hace 7 años que la inflación afecta a los sectores de menores ingresos y el tema se escamotea. El efecto macroeconómico es una mayor recaudación que se afecta a un gasto indiscriminado y según la arbitrariedad del poder ejecutivo, sin tener en cuenta la opinión del parlamento, aun cuando se tiene mayoría para resolver lo que se quiera.
Lo que sobresale en el presupuesto es el gasto destinado a la cancelación de la deuda pública, que más allá de la importancia por la cantidad de recursos involucrados, como por las autorizaciones a emitir mayor endeudamiento, la cuestión de fondo no prevista explícitamente en la Ley de Presupuesto remite a la discusión con los fondos buitres y la Justicia de EEUU. Ahora amplificada en la denuncia a una funcionaria del gobierno de Washington como principal ejecutiva del lobby buitre, enunciado en una carta de protesta que dirige la Presidente de Argentina a su par estadounidense. Es un tema a procesarse en los próximos días en la reunión del G20 en Australia.
El asunto es que los vencimientos de deuda renegociada siguen generando una situación sin salida en la coyuntura, puesto que ahora existen depósitos inmovilizados en la Banca Mellon de Nueva York por vencimientos de Junio, y otros depósitos que se suceden en el Banco Nación de la Argentina desde fines de septiembre.
Los fondos en EEUU no se pueden usar mientras el Juez Griesa no lo permita y en plaza local se requiere que los acreedores realicen un canje de títulos para no cobrar más en Nueva York. Eso hace que el gobierno mantenga su posición de cumplidor de los pagos aun cuando los acreedores no perciben sus cuotas.
Algunos acreedores pueden acudir a la aceleración, lo que supone cobrar la totalidad del valor nominal de los bonos ante el impago, para lo cual se requiere del 25% de la voluntad de los tenedores de cada serie. Otros prefieren esperar a que termine el 2014 y se finalice la cláusula RUFO, con la expectativa de negociación y pago de la sentencia neoyorkina en el 2015. Ello supondrá afectación de recursos de reservas, fiscales o incluso nuevo y mayor endeudamiento público.
El tema no solo afecta al 1% de los acreedores, los buitres, sino al 7% del monto total en default en el 2001, unos 7.000 millones de dólares, que pueden duplicarse sumando los intereses y multas. Todo ello se resolverá en el próximo ejercicio fiscal. Esa es la especulación mayoritaria y afectará fondos del presupuesto, aun cuando no estén contemplados, o si no, nueva deuda, a costa de futuros presupuestos y compitiendo con otros destinos.
Por donde se verifica el nuevo endeudamiento es con la utilización de una parte del acuerdo suscripto con China para utilizar unos 11.000 millones de dólares, de los cuales se acreditaron esta semana 814 millones de dólares (en moneda china), que aumentan las reservas internacionales a 28.000 millones de dólares. Los recursos facilitados por China servirán para cancelar operaciones comerciales con China, las que tienen un saldo favorable al gigante asiático. En contrapartida, el país depositó el equivalente en pesos en la banca china. El costo de la operación afectará recursos fiscales que limitan usos alternativos.
Se terminó el discurso del desendeudamiento y ahora todo se juego a la búsqueda de nuevos préstamos, renovando la hipoteca y el cáncer del endeudamiento, por lo que se agiganta la demanda de un gran movimiento popular por la suspensión de los pagos y la auditoria de la deuda. Es un tema a desarrollar en el país para generalizarlo como campaña continental y mundial contra el pago de la deuda de nuestros países.
Hidrocarburos y telecomunicaciones
El proyecto estratégico aprobado esta semana remite a la nueva ley de hidrocarburos, solamente sostenida desde el oficialismo y aliados cercanos, con fuertes críticas del resto de la oposición, claro que con posiciones diferentes entre la oposición sistémica y la de izquierda.
Los primeros, sistémicos pro desarrollo capitalista e inserción subordinada, comparten el criterio de explotar los yacimientos convencionales y no convencionales y solo discuten las formas y procedimientos contenidos en la legislación. Los segundos discuten la cuestión de fondo, desde la crítica a la privatización histórica de los 90´, la política energética desde entonces y la nueva entrega que supone la extranjerización y privatización que consolida el mecanismo de gestión legalizado.
El agravante proviene del uso de la tecnología de la fractura hidráulica para extraer los no convencionales, altamente agresiva con los recursos naturales y fuerte consumidora de agua. 
Lo cierto es que en la mayoría política de la Argentina existe coincidencia en la explotación de hidrocarburos, convencionales y no convencionales y la asociación con petroleras extranjeras y su tecnología depredadora. Solo se discuten los modos y formas del proceso que subordina la producción de petróleo y gas a la dominación del lobby petrolero mundial. La discusión por la soberanía energética continuará aun con la nueva legislación. La cuestión de fondo es la soberanía energética y el derecho a la energía, lo que supone discutir la mercantilización creciente de la energía y por ende la des-mercantilización.
Otra novedad provino de las telecomunicaciones. Que los teléfonos no funcionan es sabido y ya no se puede decir como antes que la solución es la privatización. Es más, las privadas ganaron enormes sumas desde la privatización y ahora se disponen a ampliar sus negocios.
La telefonía supone un negocio fabuloso que involucra a grandes grupos económicos y empresas transnacionales. Esta semana cerró la licitación para la ampliación de frecuencias 3G y 4G y el Estado obtuvo propuestas por 2.223 millones de dólares que ingresarán al fisco antes de fin de año, a las que se sumará una cifra similar en inversiones en infraestructura.
Las empresas que participaron de la licitación son Movistar (Telefónica), Personal (Telecom), Claro (del magnate Carlos Slim) y Arlink (Grupo Vila-Manzano). Se consolida la dominación monopolista y transnacionales en el negocio de las telecomunicaciones. Ello supone considerar a las comunicaciones como mercancía, contra el derecho a la comunicación que parte de la des-mercantilización de las comunicaciones.
Para el gobierno, las expectativas son grandes en materia de ingresos de divisas y de inversiones, que subsanen el pésimo servicio de telefonía celular en un mercado altamente saturado de consumo, con más unidades de teléfonos celulares que población.
En este marco y a un mes del recambio de autoridades en el BCRA la brecha cambiaria entre el precio oficial del dólar y el paralelo se reduce sin que se pueda afirmar que ello constituye tendencia irreversible. El tema de fondo y que trasciende el momento es el modelo productivo dependiente del ingreso de divisas que también demandan los acreedores de la deuda, con la única salida de nuevo y mayor endeudamiento que agrava la hipoteca sobre generaciones futuras. Es parte de la razón por lo que hasta ahora se rechaza la idea de un bono de fin de año para los trabajadores, que pueda compensar la pérdida del poder de compra de los ingresos laborales. Es un tema de conflicto que se suma a la agenda económica en el cierre del año.
La cuestión a resolver es la alternativa política, ya que lo que hegemoniza el debate económico y político en la Argentina es quien asume la administración del capitalismo local. Se necesitan otros objetivos, más allá del capitalismo y no solo en contra del capitalismo, sino por el socialismo. Ello requiere de sujetos conscientes que luchen contra el capitalismo y que construyan en la coyuntura el anticipo de la sociedad sin clases del futuro, no solo en el ámbito de las relaciones cotidianas de familia, amistad o cercanía, sino en el campo de las relaciones económicas, de producción y circulación. Ese es el marco, en la lucha y organización cotidiana, que se construye el programa de las transformaciones sociales y económicas necesarias para el proceso de liberación, y al mismo tiempo, el instrumento político para resolver democráticamente el rumbo desde hoy por la revolución.
Vale la pena reconocer que en la Argentina se discute la renovación del turno presidencial hacia octubre del 2015 y que la izquierda y el campo popular necesitan agrupar esfuerzos de construcción militante para disputar el consenso social contra el orden capitalista.

Buenos Aires, 2 de noviembre del 2014