¿Qué está cambiando en la economía y en la política de la Argentina?

A un mes de las elecciones de medio turno continúan las dudas sobre el rumbo de la economía y la política en la Argentina.
Está claro que el país está cambiando y no todo se explica en el campo de la institucionalidad, por eso hay que leer entre líneas lo que ocurre y puede ocurrir en el mediano y largo plazo.
Desde el gobierno festejan los datos de la economía, aun cuando apenas se está recuperando lo perdido en 2016. Dice el INDEC[1] que en el segundo trimestre del 2017 el PBI creció 2,7% respecto del mismo periodo del 2016.
Con ello, auguran el mantenimiento de esos guarismos para el segundo semestre en curso, confiados en que puede ayudarles en la percepción social sobre el rumbo económico y la disputa de consenso electoral.
Vale señalar que esos datos no significan que el conjunto de la sociedad reciba algún beneficio, especialmente trabajadores activos y pasivos que con sus salarios e ingresos promedios apenas cubren media canasta necesaria para reproducir la vida cotidiana.[2]
No todos los que coinciden con el ideario del gobierno muestran satisfacción con los tiempos y ritmos de los cambios económicos y políticos
Un ex funcionario del gobierno, Carlos Melconian[3], en el Congreso del Instituto de Ejecutivos de Finanzas realizado días pasados en Bariloche, critica el “quietismo” en materia económica, con lo cual, ni siquiera considera que haya gradualismo en la política oficial. En la misma ocasión, José Luis Espert[4], expresión de la ortodoxia económica, exige agilizar la política de shock, con ajuste fiscal y reformas estructurales en materia laboral, contra la ley de contratos de trabajo, de convenios colectivos, de asociaciones gremiales y de obras sociales.
No son solo opiniones sobre la economía, sino sobre la política y el orden social, sus beneficiarios, perjudicados y que tipo de institucionalidad se requiere para hacer funcionar al régimen del capital.
Así, en el campo de la ortodoxia se demanda ir más a fondo en el cambio de política económica, lo que supone acelerar el ajuste fiscal con menor gasto social, ya que existen trabas a la baja del mayor desembolso en intereses de una deuda pública en expansión.
La Argentina está cambiando, gradual o vía shock, para adecuarse a las nuevas condiciones del funcionamiento del capitalismo mundial, y para ello condena a buena parte de la sociedad a la insatisfacción de sus necesidades y derechos.
Consenso electoral y social
El gobierno avanza con el ajuste con los límites que el consenso social permite, por eso argumenta el gradualismo.
Una parte de ese consenso se mide en el proceso electoral y la lectura gubernamental de las PASO (agosto/17) y las perspectivas de las elecciones del próximo 22 de octubre les devuelven una aprobación al sentido principal de los cambios.
El macrismo pretende superar la lógica del bipartidismo histórico, dando lugar a una nueva representación política, amigable con la tendencia hegemónica del sistema mundial. Es una lógica de superación de las viejas representaciones políticas, que no es solo patrimonio de la Argentina y claramente se expresan hoy en EEUU y Francia como ejemplos visibles, pero en construcción también en nuestra región. En varias ocasiones denominé al fenómeno crisis política.
Más allá de lo electoral están las mediaciones socio-políticas, entre las cuales intervienen la burocracia político-parlamentaria, la sindical y la mediático-intelectual. Con todos ellos, el gobierno habilita el diálogo, que supone la exclusión de muchos otros.
En el Congreso, siendo el macrismo la primera minoría, ejerce la capacidad negociadora que le facilitó en los primeros tiempos del gobierno avanzar con leyes consideradas estratégicas, caso del acuerdo con los fondos buitres y obtención de nueva deuda pública para cancelar acreencias en default.
Así también se negoció el Presupuesto del 2017 y ahora el del 2018, que como dijimos en notas anteriores se sostiene con base en mayor endeudamiento y ajuste fiscal orientado a la baja del gasto social.
El diálogo político partidario excluye todo aquello que no construya mayoría relativa a los propósitos del ajuste y la reforma regresiva del capitalismo local.
Con los sindicatos y movimientos populares existe también una lógica de habilitados al diálogo y la búsqueda de consensos y la exclusión del resto.
El privilegio en el diálogo sindical pasa por la CGT y organizaciones sindicales que sin aceptar el liderazgo de la tríada de esa Central, son amigables con la estrategia del poder.
Fue claro en estos días el Ministro de Trabajo, de visita en la CGT, donde acordó con las formas de tratamiento de la reforma laboral, que no seguirá el camino legislativo de la reforma brasileña ante el rechazo asegurado de la movilización sindical en el país.
El punto de acuerdo con la CGT y sus sindicatos podría pasar por la búsqueda de mecanismos para frenar la elevada irregularidad en el empleo en la Argentina, en torno al 33%. Conviene insistir en ese sentido, que la única forma para evitar el empleo irregular supone la designación democrática en todos los establecimientos de delegados de los trabajadores, con estabilidad laboral y capacidad de denuncia relativa a la impunidad empresaria.
Afuera del diálogo están las CTAs, las que confluyen en la denuncia del rumbo de la gestión Macri y que vienen protagonizando iniciativas comunes de protesta e intentando articular incluso con la CGT o con sectores a ella vinculados y más allá, un arco de protesta y acumulación de poder alternativo.
La renovación sindical y el desafío originario de un nuevo modelo sindical continua constituyendo una asignatura pendiente para el movimiento obrero y es parte de lo que está cambiando y resulta poco visible aún.
Una de las mediaciones destacadas para la disputa del consenso lo constituyen los medios de comunicación.
Algunos de los periodistas, comunicadores o intelectuales que transitan hegemónicamente los medios escritos, orales o televisivos, recrean el consenso propagandístico al CAMBIO en lógica oficial.
Insistamos en el tema porque CAMBIO también fue hace un siglo la reforma universitaria en Córdoba, a contramano de la reforma educativa que hoy resisten los estudiantes y docentes secundarios en la Ciudad de Buenos Aires.
Detrás de este conflicto en la ciudad Capital se procesa la discusión entre la educación como derecho o como mercancía, ya que la reforma que intenta el gobierno habilita la ampliación de fuerza de trabajo barata y/o gratuita, junto al negocio educativo, no solo de la privatización explícita, sino de variados contratos vía descentralización y/o contratación de servicios.
La discusión está en las urnas para disputar la institucionalidad de un rumbo reaccionario en aras de la modernización, pero también en el sentido social mayoritario, que se procesa en la institucionalidad social, empresaria, sindical, política y especialmente en el campo de las ideas. Son ámbitos en los que se procesa el cambio económico y político en el país.
Construcción de alternativa
Esta lectura de la realidad genera desafíos a las personas y grupos políticos, sindicales, sociales y a todas las iniciativas ideológicamente críticas con el rumbo hegemónico en la Argentina.
La cuestión remite al qué hacer y es una incógnita que apunta a resolver la fragmentación social imperante.
El proyecto del gobierno disputa el consenso social y en el ámbito popular, varios son los proyectos que pretenden asumir la representación popular para disputar al oficialismo el consenso de la sociedad. Aun así, entre estos se encuentran los que solo disputan la gestión del orden capitalista y dificulta los procesos de unidad y acumulación para disputar poder y el orden social.
Si avanza el consenso sobre el rumbo oficial, son millones los que sufren y sufrirán el ajuste, aun cuando consientan con el voto o su adhesión ideológica o de sentido común al proyecto gobernante. No es desde esas peores condiciones de vida que surgirá un consenso alternativo, sino de la capacidad de construir unidad popular para confrontar el proyecto del poder.
Es cierto que existen dificultades económicas y políticas en el presente para que se afirme el proyecto gobernante, por lo que demanda creatividad para proyectar procesos alternativos de acumulación de fuerzas.
Por el lado de la economía no resultará sencillo al gobierno estabilizar la situación, ya que incluso el crecimiento que enuncian las cuentas macroeconómicas incluyen elementos variados de debilidad.
Entre otros, que las importaciones crecieron 9,1% en el segundo trimestre del 2017 con respecto al mismo periodo del 2016, mientras que las exportaciones cayeron -1,2% en el mismo periodo. Son datos que consolidan un rumbo des-industrializador que agrava la situación del empleo y el ingreso popular.
Del mismo modo que aparecen esquivas las mentadas inversiones externas y son escasas las locales, privadas o estatales. El crecimiento de la inversión está radicado en construcción, que en tanto sea destinado a infraestructura augura un potencial resultado difícil de verificar en el corto plazo.
La inflación no se detiene según la expectativa de los gobernantes y el consumo solo reacciona desde los sectores con mayores ingresos, verificable en la venta de automotores o viajes por turismo al exterior.
En el aspecto político se pretende continuar con los apoyos externos que deviene de la organización de la cumbre ministerial de la OMC en diciembre próximo y la coordinación de las reuniones del G20 durante el 2018, con presencia de los jefes de gobierno en Argentina para noviembre del 2018.
Así, entre diciembre del 2017 y noviembre del 2018 el poder mundial expresado en corporaciones transnacionales, burocracia internacional y gobiernos del capitalismo global, se hará presente en Buenos Aires para alentar el consenso mundial con la liberalización. La ocasión será propicia para la protesta social y la discusión de proyecto alternativo.[5]
Con ello, la agenda de las reaccionarias reformas en materia laboral, previsional, educativa, agravado con la aceleración de la represión, evidenciado con la desaparición forzada de Santiago Maldonado, lo que recrea la urgencia de la confrontación con el modelo en su conjunto.
Para cambiar en otro sentido y recuperar el rumbo de transformaciones económicas, sociales y políticas que animaron los procesos colectivos en Nuestramérica a comienzos del Siglo XXI, se requiere pensar y actuar críticamente y con audacia para superar fragmentaciones estériles en la perspectiva de unidad amplia para construir nuevas y adecuadas representaciones políticas en función de satisfacer necesidades sociales.
Buenos Aires, 22 de septiembre de 2017




[1] INDEC. Informe de avance del nivel de actividad. Segundo trimestre de 2017, del 21/09/2017, en: 
http://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/pib_09_17.pdf (consultado el 22/09/2017)
[2] IEF-CTAA. Panorama Económico 2017, en: http://docs.wixstatic.com/ugd/12e354_c1c5ca86cb174f23b1aca99a9f9f2f1b.pdf (consultado el 23/09/2017)
[3] Carlos Melconian, otra vez polémico: "No veo un plan anti inflacionario". En: http://www.iprofesional.com/notas/255965-crisis-ministerio-de-economia-actividad-otros-Carlos-Melconian-otra-vez-polemico-No-veo-un-plan-anti-inflacionario (consultado el 23/09/2017)
[5] Campaña contra la OMC. En: http://institutoief-cta.wixsite.com/ief-ctaautonoma?lightbox=dataItem-j4zhf5pu (consultado el 23/09/2017)

Empleos y salarios en discusión ante la incertidumbre del futuro económico

Persisten los problemas del empleo y el salario en la Argentina en momentos en que se mantienen problemas estructurales de la economía local y mundial.
Difundió el INDEC[1] que la desocupación bajó del 9,3% de la población económicamente activa hace un año, al 8,7% actual para el segundo trimestre del 2017.
El tema es delicado en los centros de mayor concentración de población, como ocurre con Partidos el Gran Buenos Aires, donde el desempleo alcanza al 10,9% o al 10,8% para el Gran Rosario. El mayor desempleo se registra en Mar del Plata con el 11,9% y en general, para los aglomerados de más de 500.000 habitantes el dato alcanza al 9,5% de desempleo.
Las ciudades con mayor población son las que más sienten el problema. No es un dato menor cuando la mayoría de la sociedad solo accede a la satisfacción de sus necesidades vía ingresos derivados de la venta de su fuerza de trabajo.
Un dato estructural deviene de las relaciones monetario-mercantiles de la organización económica social contemporánea, que impone límites al acceso al dinero para el intercambio y la satisfacción de necesidades. El dinero resulta escaso para una franja de la población sin acceso regular al mercado de trabajo, lo que afecta a millones de personas.
Puede reconocerse que existe esa leve reducción en el desempleo, que el propio INDEC relativiza, medida de junio 2016 a junio del 2017, pero con un nivel de actividad menor en el presente año.
Si el nivel de actividad llegaba al 46% en 2016, bajó ahora al 45,4% y eso que el 2016 fue un año recesivo y el presente año manifiesta una recuperación de la economía.
Pese a la recuperación de la economía del presente contra la del año anterior, el porcentaje de actividad económica actual es levemente menor a la del año pasado, cayendo del 46% al 45,4%.
Esa situación es expresión del efecto “desaliento” generado en la población trabajadora y promueve la desesperanza, por lo cual se deja de buscar empleo y estadísticamente ya no se trata de desempleados, porque siendo personas en edad de trabajar que no buscan empleo, pasan a revestir como población inactiva y por ende ya no son población activa que busca emplearse.
Problemas estructurales
El crecimiento de la producción mundial es relativamente pobre y por ende la “solución” financiera empuja una economía de especulación, orientada en este tiempo histórico en colocaciones en el ámbito de los países del capitalismo desarrollado.
Igual, en el gobierno de Macri las expectativas están colocadas en los fondos que puedan provenir desde el exterior. Si se pude, en inversiones productivas y con una demanda amplia para infraestructura y especialmente en energía, pero también en materia de intercambio comercial asentado en los principales socios: Brasil y China.
La apuesta está en mantener la imagen internacional de un país amigable con el mundo de los negocios y para eso se aprovechará la sede de la 11° reunión ministerial de la OMC en diciembre en Buenos Aires y la coordinación del G20 para todo el 2018.
Vale decir, que el marketing de una imagen pro liberalización de la economía, estrategia gubernamental, no asegura la materialidad de las inversiones y mucho menos una proyección económica que atienda y resuelva las necesidades sociales insatisfechas.
Respecto de lo que acontece en el país preocupa la escasa propensión a la inversión del capital privado, más atento a los cambios que se anuncian en materia de reformas; laboral, previsional o fiscal, como forma de reducir costos de producción, que riegos propios de un orden capitalista “teórico”.
Es una lógica muy parecida a la tendencia mundial, agravada por una concepción monetarista de la política económica local, ya que una parte importante de los excedentes económicos tienen destino en la especulación ante el mantenimiento de elevadas tasas de interés.
Resulta emblemático en ese sentido el sostenimiento de altas tasas de interés para las colocaciones en títulos del BCRA: las LEBAC, cuya colocación en el mercado secundario llegan a rendir hasta un 30%, compitiendo con cualquier expectativa de renta derivada de la actividad productiva.
Marketing político para consensuar acciones económicas antipopulares
La defensa del Presupuesto 2018 realizada por el Ministro de Hacienda ante el Parlamento ratifica la ausencia de una política asentada en el empleo y los ingresos a la que podrían aspirar trabajadores y trabajadoras, para asentarse en la demanda empresaria de ajuste fiscal sostenido con ingresos de capitales para mayor deuda pública.
El consenso electoral es, curiosamente, la apuesta del gobierno para sustentar una política económica que augura éxito en tanto y en cuanto se satisfaga la ganancia empresaria, motivo final de cualquier inversor.
Todo se resuelve en la lógica de la ganancia y la acumulación de los inversores, vendido desde el marketing político como consenso importante en la sociedad, el suficiente para renovar hegemonía política para llegar a fin del mandato presidencial y disputar otro periodo de gestión entre 2019 y 2023. Muy lejos de cualquier aspiración por resolver problemas sociales.
Buenos Aires, 16 de septiembre de 2017



[1]INDEC. Informes Técnicos vol. 1 nº 166. Trabajo e ingresos vol. 1 nº 6. Mercado de trabajo, principales indicadores (EPH). Segundo trimestre de 2017. En: http://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/EPH_cont_2trim17.pdf (consultado el 16/09/2017)

Ajuste fiscal y más deuda pública para la Argentina del 2018

El Gobierno Macri elevó al Parlamento el proyecto de Presupuesto para el 2018 y se destaca la perspectiva de crecimiento del PBI del 3,5%, muy pobre, y apenas para dejar atrás la fuerte caída del 2016 y la leve recuperación del 2017, que apenas alcanzará en el 2018 la situación no demasiado buena del 2015.
No adscribimos a la lógica del crecimiento del PBI en sí mismo, pero somos conscientes que en las condiciones del capitalismo, esa proyección apunta al ajuste de los de abajo.
Ya han transcurridos varios meses del nuevo gobierno de Macri entre fines del 2015 y la actualidad, que sumados a los últimos años de la anterior administración de Cristina Fernández, entre el 2014 hasta el fin del mandato, que incluyen una tendencia recesiva, con devaluaciones importantes en enero del 2014 y diciembre del 2015 que agravan los problemas de la mayoría social de menores ingresos.
Las recesiones o desaceleraciones económicas en el marco de devaluaciones monetarias expresaron la mala situación de los de abajo, con baja de consumo popular y deterioro de las condiciones de vida. El desempleo y la precariedad laboral constituyen la constante, seguido del mantenimiento de una política social que condena a la supervivencia a millones de argentinos/as.
Perspectiva de corto plazo
Por eso, ahora, en la perspectiva del 2018 se destaca el ajuste fiscal y el crecimiento de la deuda.
La propuesta oficial apunta a bajar el gasto público para disminuir el déficit primario (egresos fiscales menos ingresos fiscales antes del pago de los intereses de la deuda).
Aquí está el problema a comentar. Tanto ha crecido la deuda pública en estos primeros dos años del gobierno Macri que crecen los intereses y por lo tanto hay que bajar gasto público para no incrementar el déficit fiscal en general.
Dicho de otro modo, como hay que bajar el déficit fiscal (definición ideológica ortodoxa) y suben los gastos por intereses de la deuda, entonces deben reducirse los gastos corrientes en personal, docentes, trabajadoras/es de la salud, de la seguridad, de la administración nacional, provincial o municipal; el gasto en salud o educación, en fin, el gasto, especialmente el que tiene destino social.
Por eso es que el rubro deuda autoriza al Poder Ejecutivo, en 2018, a tomar préstamos por 20.000 millones de dólares para cubrir el déficit fiscal y otros 10.000 millones de dólares para cancelar intereses de la deuda.
Otra vez se privilegia la deuda con acreedores de la deuda monetaria y se posterga el cumplimiento de las acreencias derivadas de los derechos constitucionales con la mayoría de nuestra sociedad.
Vale siempre interrogarse por el privilegio de derechos, entre acreedores externos o internos de la deuda pública y los acreedores de derechos sociales, a la educación, a la salud, al trabajo, a la energía, a la recreación o a otros derechos conquistados históricamente por el pueblo de la Argentina.
En el proyecto de presupuesto 2018 se anuncia una inflación que podrá reducirse a la mitad de la del 2017, tal como ocurrió entre 2017 y 2016, para lo que se ratifica la política ortodoxa del BCRA que sigue la concepción de restricción monetaria que instala una lógica de especulación económica sustentada en altas tasas de interés.
Todo en beneficio del capital especulativo y dificultando una orientación a la promoción de una producción local para satisfacer demandas sociales.
Ganadores y perdedores
La lógica presupuestaria reproduce la ecuación de perjudicados y beneficiaros.
Estos últimos entre los acreedores de la deuda, la banca y el mecanismo de la especulación y los grandes productores y exportadores del agro, la minería y la industria. Entre los primeros se sostiene al grueso de los trabajadores y trabajadoras, activos y pasivos, que continuaran disputando la actualización de ingresos ante precios y tarifas en ascenso que limitan la posibilidad de satisfacer necesidades.
Claro que el presupuesto 2018 supone avances regresivos en los acuerdos sectoriales para la una reforma laboral por sectores que termine legitimando un marco legal, sustentado en una mayor capacidad negociadora de la minoría legislativa de la coalición gobernante.
En ese camino se inscriben también, las reformas del régimen previsional, tributario, educativo y penal, entre otras regresivas reformas en carpeta para profundizar la reestructuración reaccionaria imaginada desde el poder.
La noticia es la propuesta presupuestaria y su tratamiento probable bajo las nuevas condiciones de un triunfo electoral gubernamental en octubre y que se exprese en la nueva composición del Parlamento desde el 10 de diciembre próximo.
Ese mismo día y hasta el 13/12 se realizará la 11° Ministerial de la OMC para avanzar en un nuevo aliento a la liberalización de la economía mundial, forma de consolidar la ofensiva del capital contra el trabajo, la naturaleza y la sociedad.
Ofensiva y contraofensiva
La liberalización supone nuevas vueltas de tuerca a las reformas planificadas desde el poder en contra de la máxima acumulación de fuerzas sociales y políticas entre 1974 y 1975.
Desde entonces, para el caso argentino, con matices, la tendencia es a la pérdida de derechos.
No es solo una cuestión nacional, tal como lo muestra la reforma laboral brasileña o la que está en curso en Francia.
La ofensiva del capital es global y expresa el sentido del programa de máxima del capital hegemónico en este tiempo del capitalismo.
Eso agiganta los desafíos para el movimiento obrero local, regional y mundial, con tareas de corto y mediano plazo, hoy contra las reformas macristas en curso, y hacia fin de año. para denunciar los objetivos y mecanismos de la OMC.
Se necesita un gran movimiento popular local y mundial para enfrentar los planes del poder en la coyuntura, lo que solo puede lograrse en una gran confluencia político y social, sin mezquindades ni sectarismos, pero apuntando a la lógica de acumulación del poder del capital.

Buenos Aires, 10 de septiembre de 2017

Recaudación record y planes de reforma impositiva

La Administración Federal de Ingresos Públicos, AFIP, celebró la recaudación record del mes de julio pasado, al tiempo que trascendieron noticias en la prensa y en cónclaves empresarios sobre la agenda de reforma tributaria que prepara el gobierno. Esa política de reforma impositiva se completa con la reforma laboral y previsional, en una lógica de aportar a disminuir el costo empresario y mejorar la rentabilidad de las empresas.
El tiempo de la discusión para las reformas será después de las elecciones de octubre, ya con nueva composición del Parlamento. En la hipótesis gubernamental, es mejor discutir con el resultado electoral, que imagina favorable, ya que si se discute en la campaña, la oposición de izquierda a derecha confluiría en la crítica, razona el gobierno, y dificultaría su aprobación. El objetivo final es una cuestión clave en la perspectiva de reducir el costo de producción que demandan los grandes empresarios.
Sobre las reformas, en la celebración del 133° Aniversario, a fines de agosto, de la emblemática Bolsa de Comercio de Rosario (allí se negocian los grandes volúmenes de exportación sojera), su presidente, Alberto Padoán, señaló que “es necesario que se aprueben las reformas impositivas que hagan posible reducir la presión tributaria sobre los contribuyentes, en particular de impuestos distorsivos y perniciosos como los que gravan los débitos y créditos bancarios e ingresos brutos”.
Agregó también sobre la nueva Ley de ART que “Sería importante que Santa Fe se adhiera pronto. Esto contribuiría a contener la litigiosidad laboral que afecta a las empresas, en particular a las PyMEs de nuestra provincia, que ocupa los primeros lugares del ranking en materia de judicialización de accidentes o enfermedades laborales”.[1]
La preocupación por los “contribuyentes” y las “pymes” debe leerse como la demanda de los grandes empresarios por disminuir el costo tributario y laboral para mejorar sus cuentas de ganancias.
Por su parte, el Ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, informó a los empresarios convocados en el Consejo de las Américas hace unos días, que la reforma tributaria será canalizada previamente al Parlamento y supone un proceso gradual de disminución de tasas impositivas y de tributos en simultáneo con una reducción del porciento del gasto público sobre el conjunto del Producto.[2] En sentido similar informó Dujovne a la Unión Industrial Argentina, UIA.[3]
Recaudación record
La AFIP confirma una recaudación récord de $265.717 millones, donde los recursos tributarios alcanzan a “$237.326 millones, con un crecimiento interanual de 31,8%”[4], es decir, por encima de la inflación anualizada, lo que supondría una buena gestión tributaria. Debe recordarse que en el año se incluyen recursos derivados del blanqueo realizado en 2016, que solo se contabilizan una vez.
Si precisamos, los datos refieren que la recaudación impositiva supera por poco los 150.000 millones de pesos, con el IVA a la cabeza que aportó más de 64.200 millones de pesos, el 43% del total; Ganancias un poco más de 50.700 millones de pesos, el 34%; a los Débitos y Créditos poco más de 15.100 millones de pesos, el 10%; y Otros impuestos (internos, combustibles,, bienes personales) casi 20.000 millones de pesos, el 13%.
Como vemos, se confirma la regresividad del régimen tributario, con el IVA al frente de la recaudación, que afecta en mayor medida a los sectores de menores ingresos, sin computar que en Ganancias se computan los que aportan los trabajadores de altos ingresos, que distorsiona lo que debiera ser un impuesto a las ganancias de las empresas.
La cuestión tributaria alcanza a diferentes estamentos del Estado, sean los Municipios, las Provincias y la Nación y según los trascendidos, la reforma contemplaría los tres ámbitos e involucra el compromiso de los gobernadores y de éstos hacia los intendentes. Ello supone discutir quien financia a cada instancia y los ajustes a todo nivel.
Según los trascendidos se discute el Impuesto a los Ingresos Brutos, principal fuente de financiamiento de las Provincias, y entre otros el Impuesto a los Débitos y Créditos, junto a la eliminación de diversas exenciones contempladas en el Impuesto a las Ganancias. Una incógnita remite a las ganancias por inversiones financieras, caso de la compra venta de títulos o las colocaciones a plazo, algo que no aceptaría la ortodoxia del Banco Central y en el Gobierno.
Desde el Ministerio de Hacienda se habla de neutralidad en la recaudación a futuro, señalando que lo que se reduce como distorsivo tendrá que ingresar por otro lado, salvo que se reduzca el gasto total, que empresarios y gobiernos consideran muy elevado. Acá está el tema escondido de la reforma tributaria, que supone bajar el gasto estatal en momentos en que crece el gasto en intereses por una creciente deuda pública, condenando a la disminución el gasto social.
La reducción del gasto social se acompaña de una política monetaria restrictiva, a contramano de una lógica de emisión de lo que sea necesario y una recuperación de esos recursos bajo un régimen tributario progresivo.
Para ser más claros, la emisión debiera cubrir las necesidades de un plan político que por ejemplo incluyera el fin de la pobreza, y los impuestos ser el mecanismo de absorción progresiva de la emisión, donde contribuyen los sectores históricamente beneficiados por el orden económico.
Lo dicho es válido para la planificación de otro modelo productivo asentado en la soberanía alimentaria, energética, financiera, etc., que suponga la discusión de otro modelo de desarrollo e inserción internacional del país.
Ingresos por seguridad social
Interesa difundir  que los ingresos por seguridad social alcanzan los 73.430 millones de pesos; con 29.748 millones de pesos de aportes personales; 42.822 millones de pesos de contribuciones patronales y 4.360 millones de pesos de otros ingresos.
La presión patronal apunta a reducir las contribuciones, una demanda resuelta parcialmente en los años 90, Menem y Cavallo mediante, y que se vuelve a activar en cuanto sienten que los vientos regresivos en la política pública los favorece.
No debe sorprender que Cavallo destaque el plan de Macri en curso, tal como Martínez de Hoz saludó en su momento la política de Cavallo, ya que son políticas que consolidan el modelo de acumulación de capitales que profundiza la extranjerización y la dependencia.
Al mismo tiempo que se reduzcan las contribuciones patronales, se piensa compensar con mayores aportes personales derivados de la extensión en la edad jubilatoria de mujeres y hombres.
Una curiosidad para pensar es que mientras los ingresos tributarios crecieron un 31,8% en un año, los de la seguridad social lo hicieron en un 28,9%. Ello evidencia el retraso en los ingresos por seguridad social sobre el conjunto de la recaudación.
No menor resulta la inclusión de los fondos de seguridad social como “recursos fiscales”, cuando en sí mismo no constituyen fuente fiscal de financiación sino que pertenecen a los beneficiarios de la seguridad social y tienen destino en la atención principal del rubro previsional, que como tal, debieran administrar los/as trabajadores/as activos/as y pasivos/as.
Por una reforma progresiva
La situación política nos devuelve una agenda de reformas regresivas que entusiasman a gobernantes y a empresarios de la cúpula en el poder, quienes manipulan el consenso de una parte importante de la sociedad.
Existe una prédica ideológica asentada en reducir impuestos, cuando lo que se necesita es discutir en que debe gastar el Estado municipal, provincial, nacional; y más precisamente, cómo y quién debiera financiar ese presupuesto.
Para gestar una reforma progresiva, no solo impositiva, sino también laboral y previsional se requiere otra correlación de fuerzas sociales para disputar el orden político.
Buenos Aires, 1 de septiembre de 2017



[1] Bolsa de Comercio de Rosario. 133° Aniversario de la BCR, del 28/8/17; en: http://www.bcr.com.ar/Pages/Noticias/verNoticia.aspx?IdNoticia=2846 (consultado el 1/9/17)
[4] AFIP. Estadísticas Tributarias. En: http://www.afip.gob.ar/institucional/estudios/ (consultada el 1/9/17)

La economía y la política en la manipulación mediática

Economía y Política marchan en conjunto, son inescindibles. Es lo que sostengo desde la enseñanza hace más de tres décadas y que la vida devuelve cotidianamente.
La desaparición forzada de Santiago Maldonado es un hecho político, de represión y violencia estatal para sostener una estrategia económica de larga data, asociada a la propiedad extranjera en la Patagonia desde los tiempos del genocidio indígena en la campaña de aniquilación comandada por el Estado y s ejercito a fines del Siglo XIX. Las 900.000 hectáreas de Benetton suponen intereses económicos enfrentados a la demanda territorial de los pueblos originarios y el Estado capitalista actúa políticamente en consecuencia con el sostenimiento de una estrategia más que centenaria de consolidación de un capitalismo subordinado a la lógica mundial de acumulación desde “La Compañía” en el Siglo XIX hasta la trasnacional textil de origen italiana que actúa en este Siglo XXI.
Hay manipulación ideológica en los principales medios de información y comunicación desde un relato histórico legitimador del accionar de las clases dominantes, donde los pueblos originarios constituyen el “otro” a desplazar, vencer y disciplinar para apropiar territorios a la lógica de explotación, para el caso, las ovejas, la lana y la producción textil transnacional, aunque no solo, sino también las riquezas diversas contenidas en el suelo argentino y que definen el modelo productivo y de desarrollo del capitalismo contemporáneo en la Argentina actual
Manipulación relativa al consenso electoral
Hay manipulación informativa con relación al consenso electoral también, más allá del recuento definitivo en la Provincia de Buenos Aires. El gobierno y la prensa hegemónica descuentan el triunfo electoral del oficialismo en los próximos comicios de octubre y actúan para la generación de acuerdos ideológicos en la sociedad sobre las políticas de ajuste y reestructuración regresiva que el poder económico demanda aplicar en el país, sean la reforma laboral, previsional, impositiva, y más allá en lo educativo y lo penal para disminuir la edad de imputación a menores.
Aun siendo Cambiemos una primera minoría nacional, con algo así como el 35/37% de consenso electoral, en crecimiento respecto del piso del inicio en diciembre del 2015, la euforia triunfalista fue el tono en el Consejo de las Américas reunido el pasado 24 y 25 de agosto pasado en Buenos Aires. El Consejo tiene una larga trayectoria de “lobby” empresarial para los negocios de empresas estadounidenses con intereses en Argentina, un tema largamente denunciado y explicado por intelectuales como Jaime Fuchs, especialmente como promotores del terrorismo de Estado y principales beneficiarios de su accionar económico y político.
El vocero en el cónclave de la dependencia fue el Jefe de Gabinete de Ministros, Marcos Peña, y el Ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, que en busca de inversores estadounidenses asociaron el crecimiento del consenso electoral con los datos recientes de la evolución del nivel de actividad, que salvo la minería, muestra un recuperación respecto de la fuerte caída del 2016, aun cuando todavía no se recuperan los magros niveles del 2015. La construcción y las finanzas lideran la recuperación, asociado a la obra pública y el amanecer de los créditos hipotecarios para sectores de medios y altos ingresos.
Claro que en simultáneo tuvieron que disimular el bloqueo estadounidense al ingreso del biodiesel argentino a EEUU. No es un tema menor, cuando la lógica política del gobierno es de amistad y acercamiento al capitalismo mundial, a la apertura de la economía con libre circulación de mercancías, servicios y capitales. La decisión soberana de EEUU pone de manifiesto que existen los intereses nacionales de las empresas estadounidenses que pierden ante la competencia de la productividad en la Argentina. El Estado de EEUU no duda en interponer obstáculos a cualquier demanda externa en contradicción con sus propios intereses locales. Es un negocio de 1.250 millones de dólares, incluso por mucho menos, durante años se obstaculizó el negocio de los limones ante la presión de productores de EEUU.
Vale destacar que no alcanza con la amistad personal de Macri con Trump, o la subordinación política de un país dependiente como la Argentina a la potencia imperialista hegemónica en el ámbito mundial para que de allí se deriven complementariedades económicas. No solo EEUU es competidor de Argentina en términos de especialización productiva, por caso, ambos principales productores mundiales de soja, sino que ellos ejercen la dominación tecnológica, financiera y económica desde los mecanismos de fijación de los precios internacionales de las comodities.
Existen las amistosas relaciones “políticas” entre los gobiernos de EEUU y Argentina, y pasó hace pocos días por el país el Vice Presidente de Trump, Mike Pence, y se informó a la sociedad de acuerdos para mejorar las relaciones “económicas” bilaterales. La realidad política y económica es más dura que las buenas y cordiales relaciones. No es creíble que Mike Pence no estuviera al tanto de los que se procesaba en el Departamento de Comercio de su país contra los intereses de los productores y exportadores de combustible, muchos de ellos asociados con empresas estadounidenses.
Los intereses económicos tienen correlato en la política a favor de la dominación mundial, como una lógica histórica de la supremacía asociada a la más elevada composición orgánica del capital concentrado.
El gobierno manipula información, ya que alude al crecimiento de la economía, que proyecta por encima del 3% para el 2017, y escamotea el crecimiento del déficit comercial en el primer semestre del 2017 con los principales “socios” de la Argentina, sean Brasil, China o EEUU, ahora agravado con la restricción a las exportaciones de estos combustibles derivados del agro negocio para la energía.
Los trabajadores y las trabajadoras como el “otro” a disciplinar
Durante siglos el “otro” fue el indígena originario, sobre el que se pretendía subordinar como dócil fuerza de trabajo barata para las compañías extranjeras con pretensión de incorporar a la Patagonia al ciclo de acumulación mundial de capitales. Antes había ocurrido con la colonización integral del territorio de las Provincias Unidas del Río de la Plata y previamente con todo el territorio denominado América (los más de 500 años).
El propósito del capital fue subordinar al “otro” originario como fuerza de trabajo, pre condición necesaria para la instauración de la relación entre el capital y el trabajo. Ante las limitaciones del proceso, en la Argentina el “tema” se solucionó con inmigración, similar al proceso estadounidense, logrado con aportes de población que incorporó fuerza de trabajo pero también y más allá de lo requerido y pensado “cultura proletaria de organización y lucha”. No se trata de historiar acá la lucha por la disciplina del movimiento obrero en EEUU y en Argentina, pero esa es la síntesis del objetivo de las clases dominantes de allá y de acá.
Para el caso local, la disciplina de la fuerza laboral se desplegó con inusitada violencia desde 1975/76, acompañadas de sucesivos intentos de reformas laborales regresivas en tiempos constitucionales, matizados con despliegues represivos contenidos por la organización y lucha del movimiento obrero. Con el gobierno Macri, el tema es estratégico y demanda la baja del costo laboral a costa de modificar regresivamente convenios colectivos de trabajo, lo que se pretende realizar por sector, al estilo de los acuerdos con los petroleros patagónicos, los del sector automotor o ciertos ámbitos del Estado. En ese camino se apunta a finalizar con una reforma legal negociado en el Parlamento, la que se favorecería con el aumento de la capacidad negociadora del gobierno en el Congreso.
Esa es la razón para que desde el gobierno se busque manipular la información de una masiva protesta social del 22/08 convocada por la CGT y acompañada por las CTAs y variados movimientos sociales con demandas relativas al ingreso salarial, popular y previsional, junto a la defensa de derechos sociales y sindicales. Se manipula sesgando las imágenes de la masiva movilización, evidenciando problemas muy serios del modelo sindical hegemónico en la Argentina e instalar la crítica al orden sindical desde la óptica del poder y consensuar la necesidad de abatir derechos largamente conquistados por el movimiento obrero en su historia. Todo en lógica con la necesidad de lograr la competitividad para las inversiones en el país.
Claro que esa manipulación es posible por la fuerte iniciativa política e ideológica del poder económico y del gobierno de Cambiemos, junto a los límites por hacer visible en la sociedad el nuevo modelo sindical y de organización territorial de las trabajadoras y los trabajadores que animó la construcción originaria de la CTA, en tanto proyecto estratégico de la clase obrera ante los cambios del capitalismo operados a fines del siglo pasado y que hoy se profundizan.
Es una necesidad discutir la “otredad”, antes el indígena originario, ahora del trabajador o la trabajadora, todo en aras del capital y el capitalismo, para pensar en la “alteridad” de otro modelo de producción y de desarrollo, que suponga la transición del objetivo por la maximización de las ganancias a la satisfacción de necesidades.
Buenos Aires, 26 de agosto de 2017


A propósito de los 20 años de crecimiento que augura Dujovne

En largo reportaje en suplemento de Economía de La Nación[1] del domingo 20/08, el Ministro de Hacienda de la Argentina Nicolás Dujovne destila optimismo para el presente año, con pronóstico de 3% de crecimiento del PBI en un marco de próximos 20 años de expansión del Producto.
Claro que solo remite a datos y relaciones cuantitativas y nada sobe el modelo de producción y de desarrollo, salvo lo atinente a que el consumo crecerá al 2,7% es decir, menos que el PBI. Bueno sería discutir la calidad del crecimiento, ya que en sí mismo eso no supone mejores condiciones generales de vida y mucho menos, cuidado del medio ambiente.
La nota incluye párrafos relativos a las reformas laborales, previsionales y tributarias, tratadas en clave política para el debate futuro, en la confianza de mayores consensos a lograr en las elecciones de octubre.
Queda claro cuando dice que la reforma impositiva está en carpeta, pero que debe discutirse luego de octubre, para no evidenciar ahora oposiciones electorales que pueden contradecir con la lógica del poder ejecutivo. Lo que señala es que son variados los acuerdos con sectores de la oposición que el tiempo electoral escamotea.
Lo mismo ocurre en materia laboral y previsional, donde enuncia se trabajarán consensos, de lo contrario, la negativa es el horizonte de los planes oficialistas, por lo que se impone el cambio gradual, en respuesta a los cruzados que demandan ajuste inmediato y sin anestesia, adentro y afuera del gobierno.
Inversiones
Es la inversión la gran apuesta, insistiendo en un discurso desde el inicio de la gestión en diciembre del 2015. Se alude a un objetivo del 20% de inversión sobre el PBI, cuando la meta de corto plazo es en torno del 15%, señalando los problemas para constituir el punto de partida de la reproducción del capital.
Sabemos que el PBI es el resultado del consumo más la inversión,  más/menos el saldo comercial. Si el consumo no es lo que dinamiza, con saldo comercial negativo, y no existen inversores locales, ni privados, ni el sector público, y hasta ahora, aparece evasiva la oferta global de inversores, no queda claro por donde vendrán esas inversiones, salvo que se ofrezcan altas rentas sustentadas en regresivas reformas para bajar el costo de producción.
Resulta interesante cuando se enuncia el crecimiento en la “importación de bienes de capital, máquinas y equipo local”, que si bien incide en la cuenta de inversión, al mismo tiempo y sin decirlo descubre la dependencia del crecimiento fabril en la Argentina.
La dependencia de insumos estratégicos externos es una de las claves de la histórica subordinación, sobre la que nada se dice, ya que todo remite a la cuantificación del crecimiento, más allá de quienes sean los promotores y beneficiarios.
Todo apunta, según Dujovne, en el papel de la inversión para infraestructura y la dinámica del sector privado. Es una clara apuesta a la lógica de producción y reproducción del ciclo del capital, que como tal, demanda rentabilidad elevada en un momento donde los capitales buscan seguridad en territorios del capitalismo desarrollado.
Modelo productivo y de desarrollo
La única mención al modelo productivo es cuando razona la baja captura de votos oficialistas en el conurbano bonaerense, donde no predomina  “la actividad productiva más alineada al agro” y si donde existe “un entramado industrial muy afectado por la recesión brasileña”.
Queda claro que el motor de la economía en Argentina es el agro negocio, algo que se deduce de esas reflexiones y que la política industrial remite a transnacionales modernas en contra del mayoritario viejo aparato industrial no competitivo y subordinado a la lógica del mercado local desestimulado y mundial recesivo.
Al comentar el conurbano se alude al “marketing naranja” de Scioli y al narcotráfico, como si este no fuera un producto destacado del capitalismo contemporáneo, aun bajo gobierno Macri. Como era de esperar, el Ministro promete que en el conurbano el “consumo pronto llegará”.
Las afirmaciones del responsable de Hacienda apuntan a la disminución del déficit fiscal, retrayendo el gasto público y no discutiendo el endeudamiento y su costo, que señala su reducción recién para el 2020, bajo una ralentización de la relación entre la deuda pública y el PBI.
Es toda una confesión del creciente endeudamiento público para los próximos años, más allá del fin del mandato 2015/19, batiendo récords respecto de la dictadura genocida y de los años 90, del menemismo y la Alianza que nos llevara al default del 2001.
La promesa final es que “Si crecemos 20 años al 3% anual, vamos a duplicar los ingresos y vivir en un país mejor”. No sean ansiosos y sepan esperar, algo desgranará de beneficios hoy concentrados.
En rigor, ni una sola mención a los impactos ambientales del modelo del agro negocio; la mega minería a cielo abierto;  del crecimiento fabril de armaduría orientado a las exportaciones; o de predominio de la banca transnacional y el flujo externos de capitales; ni que hablar de la dependencia tecnológica y productiva, como del ingreso de capitales externos.
Todo se reduce a crecer, de cualquier manera y así “al derrame”, un viejo discurso en el país y en el mundo que nunca se verificó ni se verificará.
Ausencia de lo necesario
Junto a la discusión de lo existente y el futuro auspicioso del Ministro, se necesita un debate en profundidad de las transiciones del actual modelo a uno nuevo que tenga por objetivos satisfacer las necesidades alimentarias de la población, y de todo aquello que resuelve nuestra cotidianeidad en materia de vestimenta, vivienda, transporte, salud, educación, recreación y cualquiera de las esferas que apuntan a satisfacer demandas sociales esenciales en este tiempo histórico.
Hace falta discutir como desarmar lo que existe para construir lo necesario, en clave de interrogantes sobre cómo salir de la sojización transgénica hacia una recuperación de la producción diversa en el agro, que atienda las necesidades de alimentos en el marco de una política de soberanía alimentaria. Interrogante válido para discutir el proyecto energético desde la soberanía y el derecho a la energía, o de las finanzas, aún bajo la legislación de 1977 diseñada al inicio de la dictadura genocida.
Necesitamos un debate de ideas que dispute consenso y conciencia en la sociedad sobre otro modelo productivo y de desarrollo, con la mira colocada en la satisfacción de necesidades sociales junto al cuidado y respeto del medio ambiente.
Somos conscientes que son definiciones que confrontan con el poder económico, beneficiario de las condiciones de funcionamiento actual d ela economía y que difumina, vía medios de información masivos y diferentes mecanismos ideológicos la naturalización y conveniencia de las políticas sostenidas por el ministro de Hacienda y el conjunto del gobierno Macri.
Movilizaciones como la convocada desde las tres Centrales Sindicales del 22/8 son parte de una respuesta que tiene que extenderse en masividad y conciencia para disputar el sentido común de lo deseable en materia de política económica.
Buenos Aires, 20 de agosto de 2017



[1] Nicolás Dujovne: "Se vienen 20 años de crecimiento para la Argentina" En: http://www.lanacion.com.ar/2054701-nicolas-dujovne-se-vienen-20-anos-de-crecimiento-para-la-argentina (consultado el 20/08/2017)

La política en Argentina entre las PASO y Octubre

Las elecciones son procesos de masas que manifiestan en una foto el sentir político de la población.
Una primera conclusión es que el ausentismo es relativamente bajo o estacionario, sin constituir un dato relevante. En general, la población se manifiesta mediante el voto y los encuestadores, periodistas u opinólogos fueron sorprendidos en el recuento de votos, que confirmó la polarización con matices en todos los territorios entre “macrismo” y kirchnerismo”.
Ya dijimos alguna vez que macrismo y kirchnerismo eran las novedades políticas en la Argentina en este nuevo siglo y no termina de consolidarse un rumbo hacia la derechización social como algunos sostienen, ya que todavía existe un voto de inspiración negativa, el voto “contra”, que no define una posición o clara orientación. En la elección bonaerense sigue pesando el voto “anti Cristina”, que como en otras ocasiones aspiró las expectativas de una tercera vía.
Estas elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) fungen como ordenadora hacia la elección de medio término del 22/10, donde se elige la composición del Parlamento para el ciclo que empieza en diciembre del 2017 y culmina en diciembre del 2019, ya con un nuevo periodo presidencial entre 2019 y 2023. Hay que ver todavía como se construye el consenso para el nuevo Parlamento que surja en la elección de Octubre. En ese sentido y con la foto actual, el macrismo en su conjunto crece en parlamentarios y el kirchnerismo, como segunda fuerza mantendría la cantidad de legisladores. Continúan así siendo la base de la disputa política en la coyuntura y expresan diferentes proyectos de gestión del capitalismo local.
No hay claridad en la hegemonía del sistema, con un 36/37% del macrismo; un 19/20% del kirchnerismo; un 17/18% de otras fuerzas que remiten al peronismo. El peronismo, como arco diverso inspira aún fragmentado una primera minoría de simpatías políticas. En el conjunto referido estamos hablando del 70% de las opciones electorales. El otro 30% se divide en variadas fuerzas en las que destaca la mayoría de votos del FIT en torno al 4/5%.
Crisis política
Con base en esos datos, una primera reflexión remite a una disputa por el gobierno del capitalismo en la Argentina y que incluso puede expresarse como bipolaridad entre el macrismo y el kircherismo/peronismo. Es un horizonte en disputa hacia el 2019 y todo pareciera no resolverse a favor del kirchnerismo si no avanza en audaces reflexiones y alianzas más abarcativas.
Por un lado, la primera minoría intenta construir una nueva fuerza política más allá de la tradición peronista y radical, aun cuando hay apoyo mayoritario de la UCR, e incluso de sectores del peronismo. Es la primera vez, que con éxito, la derecha disputa consenso electoral para constituirse en mayoría. Por otro lado el kirchnerismo y la potencialidad de alianza con otros sectores del peronismo y más allá.
Es por este lado que se puede avizorar la crisis de las representaciones políticas tradicionales: el peronismo y el radicalismo, aunque no solo de ellos y la emergencia de nuevas representaciones de poder político en la Argentina. Es lo que definimos como crisis política.
Pero también se puede aludir a una crisis por izquierda, de alternativas, con importante fragmentación de propuestas que no alcanzan el mínimo 1,5% exigido por la legislación electoral, e incluso los sectores mejor posicionados como el FIT, que aspiran al 5% del electorado total, con resultados destacados en algunos distritos, caso Jujuy con el 13% o Mendoza cercano al 9%.
En términos electorales gana el macrismo que reitera su dominio en Capital y adiciona otros distritos importantes y cuando menos empata o pierde por poco en Provincia de Buenos Aires, lo que supone un avance respecto de la imagen instalada previamente. No es menor para el oficialismo nacional mejorar la fuerza parlamentaria, entendida como consenso electoral social para sus objetivos de ajuste y reestructuración regresiva, con reforma laboral y previsional en agenda y una lectura para ofrecer a inversores externos sobre acompañamiento de la sociedad respecto de un clima favorable a los negocios y los inversores. Solo no podrá y como en 2016 necesita de pactos y alianzas para hacer aprobar la agenda regresiva contra los de abajo.
Aun así, está muy lejana la situación mundial para ser auspiciosos sobre el desembarco de inversores reales más allá de las visitas de apoyo ideológico y político como la 11° reunión ministerial de la OMC en diciembre próximo, o la coordinación del G20 para el 2018 y un cónclave mundial en noviembre del año entrante. Argentina es destino marginal de inversiones en la región latinoamericana y caribeña, tal como informó recientemente la CEPAL al evaluar el estado de las Inversiones Externas Directas en la región. Es por eso que el gobierno aprovechará el respaldo electoral para profundizar el ajuste y la reestructuración regresiva, procesos tendenciales iniciados en la dictadura y potenciados en los 90´.
Pensar y discutir la alternativa
Una reflexión especial merece la situación de la izquierda y del movimiento popular en general para organizar fuerza política y social en condiciones de disputar consenso para una transformación profunda de la sociedad. Algunas propuestas políticas que no llegan a superar el mínimo de las PASO, e incluso otras que si lo pasan por poco y no necesariamente podrán acceder al Parlamento necesitan discutir las condiciones de acumulación de poder popular necesarias para la disputa electoral. No muy distinto es el razonamiento para aquellos que acceden a minorías parlamentarias con escasa densidad política en la sociedad.
¿Cuánta densidad social y política se requiere para obtener mayoría parlamentarias que disputen poder? Es un interrogante interesante que nos sirve para analizar más allá de la realidad nacional y pensar en los 18 años de triunfos electorales en Venezuela, o los procesos de Bolivia y Ecuador de la última década. La estrategia del cambio social está en discusión luego de la ola revolucionaria de los 60/70, donde se mantiene la vigencia del proceso cubano y las duras disputas ante la agresión del imperialismo y las clases dominantes, especialmente en Venezuela. Los mecanismos políticos, sociales, económicos, culturales de acumulación popular ensayados en estos 50/60 años están también en discusión.
No solo hay crisis política en el sistema de dominación, sino también en la perspectiva de la construcción de alternativa, lo que constituye un gran desafío para el movimiento popular.
En este sentido no hay atajos y se requiere una profunda reflexión sobre la crítica de la realidad, no solo de la iniciativa del poder, sino de las alternativas en construcción. El capitalismo en crisis se recrea a pasos acelerados y agiganta la ofensiva del capital contra el trabajo, la naturaleza y la sociedad, convocando a una mirada sobre los cambios en las relaciones sociales de producción y organizar una respuesta para la emancipación social propia de nuestro tiempo.
Alguna vez dijimos que era tiempo de barajar y dar de nuevo, cada quien desde lo propio construido y pensar en diversas articulaciones, en primer lugar del movimiento obrero, por su especificidad y tradición histórica en la Argentina, pero junto a ello en todos los ámbitos de agrupamiento del movimiento popular. Hacen falta nuevas formas de organización y movilización para conformar una estrategia de poder de la mayoría popular.
La política no es solo el ámbito electoral, sino la cotidianeidad, no solo las movilizaciones y la calle, sino la construcción cotidiana que anticipa la sociedad del futuro. Esa es la asignatura pendiente y el desafío de la época.

Buenos Aires, 14 de agosto de 2017