Hay plan económico y favorece la concentración de la ganancia

La industria cayó 1,1% en enero[1] y contradice todo discurso oficial sobre mejora de la economía, tal como sugiere Macri en España, con el Rey, con el Jefe de Gobierno o con los empresarios, los que son tentados a invertir en un país que asegura jugosas ganancias. Algo de eso sabrá el accionista heredero del Clan Macri.
Vale señalar que la contra cara de ese discurso es el cierre de empresas y los despidos, proceso consustancial al crecimiento de las importaciones, la falta de competitividad de la producción local y por ende, la reconversión empresaria en aras de la rentabilidad y contra el empleo, el salario y en definitiva, los trabajadores y la mayoría de la sociedad.
El cierre de la única empresa productora de llantas en Rosario (se reconvierte en importadora) o innumerables textiles, o industrias del calzado, por solo nombrar las más difundidas en la prensa cotidiana, dan cuenta del fenómeno de reemplazo de producción local por externa. No siempre pierden los empresarios, algunos sí, pero varios otros se transforman, de productores en importadores.
La política económica en la Argentina promueve la producción externa en aras de la eficiencia del capitalismo mundial. No son errores del gobierno, sino, la lógica de un proyecto de inserción subordinada de la Argentina en el sistema mundial con algunos pocos socios locales subsidiados por el Estado.
También el Ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne “comunica” que sus evaluaciones son de recupero de la economía desde el último tramo del año pasado. En efecto, el INDEC señala que el nivel de actividad económica de diciembre 2016 contra noviembre del año pasado crece 1,6%, pero es -0,1% entre diciembre del 2016 y el mismo mes del 2015.[2]
Además, el informe del INDEC relativo a la evolución industrial (ya mencionado) lo desmiente en el sector que más contribuyó a la recuperación del empleo luego de la recesión entre 1998 y 2002. Más allá del promedio del -1,1%, la industria de la alimentación cayó 1,4% (es el rubro de mayor ponderación en el índice industrial); textil -11,1%; industrias metálicas básicas -9,5% y acero crudo -11,6%. Son datos de rubros relevantes cuando se piensa en industria manufacturera.
Sturzenegger confirma el rumbo del ajuste y la recesión
El titular del BCRA es el ortodoxo del “equipo” del gobierno Macri, encargado de la política monetaria y cambiaria. Dilecto alumno de los monetaristas de Chicago, aplica a rajatabla medidas de “contracción monetaria” y elevadas tasas de interés para frenar los precios.
Su objetivo es bajar la inflación a cualquier costo, aunque ello promueva la recesión o “enfriamiento” de la economía con sus secuelas sociales regresivas en caída del consumo, el nivel de actividad y el creciente desempleo, subempleo, baja del ingreso y generalización de la tercerización y formas de la precariedad laboral. Todo en aras de maximizar la ganancia y hacer atractiva a la Argentina al ingreso de capitales externos.
Lo curioso es que parte de la contención inflacionaria, de la que se ufanan el BCRA y el Ministerio de Hacienda, incluye la contenida cotización del dólar y una demanda acrecentada de los sectores productivos, no solo los más concentrados, por una nueva ronda de devaluación. Es sabido que toda devaluación es una transferencia de ingresos desde la mayoría de la sociedad, especialmente los sectores de ingresos fijos asociados al mercado interno, a los capitales más concentrados y exportadores.
El titular del BCRA anticipa que los próximos meses será difícil en materia de inflación por el impacto del aumento de las tarifas definidos por el propio gobierno en acuerdo con las empresas privatizadas de servicios públicos, los verdaderos ganadores con el cambio tarifario y la continuidad de los subsidios que nutren sus cuentas de resultados.
Resulta interesante analizar la subordinación a la lógica global del capital, en momentos donde la tasa de interés mundial tiende a crecer y a valorizar la divisa estadounidense (política monetaria y cambiaria de la FED, el Banco Central de EEUU), encareciendo importaciones demandadas desde la Argentina, agravado con el desestimulo a las  exportaciones locales.
La ortodoxia la pagan los sectores de más bajos ingresos
Con la ortodoxia del Banco Central se asegura un horizonte de inflación y de lucha contra la inflación que afecta principalmente al ingreso popular.
Por eso se intenta disciplinar a maestros y docentes, médicos y trabajadores de la salud, de la Justicia, o del Estado en general, ayudados con una campaña ideológica centrada en los “beneficios” de los trabajadores y eximiendo la responsabilidad estatal que privilegia recursos fiscales para cancelar deuda o subsidiar ganancias, base de la orientación de la política económica en su conjunto. Todo para satisfacer demanda de seguridad jurídica y cuantiosos recursos para concesionarios privados de servicios públicos, caso del peaje, el transporte, o la prestación de luz, gas o agua.
El argumento del chantaje alude al efecto sobre los menores o demandantes de salud ante las medidas de fuerza sindical, eludiendo el reclamo a gobernantes que incumplen promesas electorales, caso del combate a la pobreza.
Quien afecta la educación de nuestros escolares y la salud de la población empobrecida es la política oficial, orientada a satisfacer las necesidades del funcionamiento del capital, que como sabemos, apunta a maximizar las ganancias y con ello asegurar la lógica de la acumulación y valorización de los capitales.
25 de febrero de 2017




[1] INDEC. Estimador Mensual Industrial, en: http://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/emi_02_17.pdf
[2] INDEC. Estimador Mensual de Actividad Económica, en: http://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/emae_02_17.pdf

Macri retrocede con el correo, el descuento a los jubilados y avanza con reformas laborales

El escándalo estalló cuando se conoció el arreglo entre el Estado y el grupo Macri por las deudas del Correo. Una licuación impúdica de la acreencia. Más allá de cualquier detalle y monto en cuestión, el arco de oposición se amplió hasta impensados personajes de la política y prensa favorables al PRO y a Cambiemos.
Claro que el tema “Correo” retrotrae la discusión al momento de la privatización de la empresa en la década del 90 bajo la presidencia de Carlos Menem, a la quiebra solicitada en medio de la gran recesión que desembocó en la crisis del 2001 y la re-estatización (para re privatizar) en 2003, ya con gobierno de Néstor Kirchner.
La deuda y el conflicto se arrastran desde comienzos del siglo y pone en evidencia la capacidad de una burguesía y capital local transnacionalizado, que hace negocios amparados en el sostén del Estado capitalista. Válido en gobierno constitucionales o no.
El grupo Macri no pagaba el canon comprometido por la privatización del Correo y luego de la quiebra continuó gestionando sin cancelar pagos. La deuda acumulada es gigantesca y mayor aun con el perdón sucesivo (aun en conflicto por trámite no terminado). Pasa el tiempo y el Grupo Macri, accionista la familia, se beneficia hasta que encuentre una ocasión favorable para el cierre del caso.
Parecía ideal el momento para negociar con un Macri, Mauricio (el primogénito del Clan), en la Presidencia de la Argentina, aun cuando se sostiene que la negociación no involucraba al jefe del Poder Ejecutivo.
El escándalo escaló en la consideración pública y tras largos días de instalación en la prensa, el presidente informó que la situación volvía a foja cero. Habrá que ver, ya que el proceso negociador se enmarca en trámites judiciales con un recorrido que ahora debe revisarse.
La primera conclusión es que sin control judicial, mediático, político y social, la impunidad avanza y tiene costo fiscal elevado que compite con demandas sociales insatisfechas.
Si pasa se avanza, si no, esperemos a mejor momento
Ya es costumbre en el gobierno Macri el intento de avanzar con posiciones de máxima y luego retroceder ante la presión social si es masiva y determinante.
Existen ejemplos desde el inicio de la gestión en el intento de nombrar integrantes de la Corte Suprema de Justicia por Decreto. Finalmente lo logró con acuerdo parlamentario.
Más reciente intentó modificar la conmemoración del golpe del 24 de marzo del 76 como si se tratara de un feriado a mover en la semana. La crítica masiva lo llevó a la reconsideración, vaya uno a saber hasta cuando, lo que impone una gran movilización conmemorativa del 41° aniversario del golpe genocida.
En esas horas en que se debatía el tema Correo, desde la Administración Nacional de la Seguridad Social, ANSES, se intentó corregir a la baja el ingreso previsional de millones de jubilados. Ante el reclamo generalizado y pese a la insensibilidad del Gabinete que aludía “apenas son 20 pesos”, Macri anunció retrotraer la situación del Correo y de los jubilados. Algunos quisieron fundamentar que el FMI demandaba acciones para bajar el gasto en seguridad social y previsión, intentando desplazar la responsabilidad.
Sin duda, es un logro de las denuncias y la ampliación de las protestas, pero a no engañarse, Macri retrocede reconociendo errores, pero en simultáneo avanza en las reformas estructurales que puede, caso de las ART.
Recordemos que a fines del año pasado el Senado de la Nación había dado media sanción a la modificación al régimen de riesgos del trabajo. El argumento era la elevada cantidad de juicios relativos al tema. Nada se decía ni se dice sobre el tema central que son los riegos laborales de trabajadoras y trabajadores.
Como el tiempo pasaba y por razones de conveniencia política se resolvió aprobar la modificación por Decreto de Necesidad y Urgencia. La protesta se extendió y Macri no tuvo más remedio que convocar a sesiones extraordinarias. Con ello volvió sobre sus pasos y con complicidad opositora y aval del triunvirato de la CGT, la ley modificada fue aprobada.
La ley que modifica el régimen de riesgos del trabajo es favorable para las patronales y las Aseguradoras de Riesgo del Trabajo (ART), un gran negocio que confronta con el objeto originario de la ley en prevención del riesgo laboral.
Existe plan económico y hay que confrontarlo
No es cierto como algunos sostienen que “no hay plan económico ni rumbo”, la orientación es profundizar el cambio económico regresivo, con Prat Gay o con Dujovne; con Melconian o González Fraga; con Sturzenegger o con quien sea.
En esencia, es la lógica del plan sistemático de hace cuatro décadas y afianzado en los 90. Esos fueron tiempos de consolidación del Grupo Macri, que hoy potencia desde la gestión Macri. Además, ahora Donald Trump alude al papel de liderazgo que Mauricio Macri puede jugar en la región, según dice la Casa Blanca en el informe luego de la conversación telefónica entre ambos presidentes.
Así se explica la discusión en torno a las actualizaciones de los ingresos de los bancarios. No se quería convalidar actualizaciones salariales más allá de la pauta imaginada desde las autoridades y las patronales. La protesta de los bancarios y el clima social definió un acuerdo.
Acaba de celebrarse, en este marco de contradicciones, idas y vueltas de medidas del gobierno, el acuerdo con los bancarios para obtener un 4% a enero por recomposición salarial derivada de la inflación del 2016; y un 19,5% retroactivo a enero como actualización por 2017, sujeto a reconsideración según la evolución del costo de vida. En total un 24,3% más algunas bonificaciones.
Recordemos que el acuerdo había sido suscrito en noviembre del año pasado y el Ministerio de Trabajo negaba su homologación. El anuncio de un paro por 72 horas motivó el arreglo en un marco de extensión de protesta de la sociedad por variadas razones.
Todos los retrocesos y avances ocurren en simultáneo, producto de una lucha de clases en donde se despliegan variadas iniciativas políticas en uno u otro sentido.
La cuestión de fondo desde el gobierno Macri apunta a modificar reaccionariamente la legislación laboral y los derechos de los trabajadores.
Algunos dicen que eso no es novedad en el capitalismo, sin embargo, la correlación de fuerzas en determinados momentos de la historia define derechos para la mayoría social que vive de su trabajo.
En la coyuntura, con una feroz ofensiva del capital sobre el trabajo queda demostrada que se puede poner freno a ciertas groseras iniciativas como la impunidad del caso Correo y el intento por disminuir los ingresos previsionales.
Ahora, la batalla está centrada en la docencia y por el tipo de educación, de ciencia y técnica, cuando el ministro del área científica, con 10 años de antigüedad en el cargo, señala que hay que reorientar la política de investigación.
Los jóvenes investigadores supieron ganar la calle y la solidaridad social en diciembre pasado, El gobierno pateó el tema para el 2017 y todo indica que es necesario continuar instalando socialmente la cuestión de una ciencia y una técnica para la emancipación.
Trabajadores docentes e investigadores constituyen el próximo round contra la política de ajuste y disciplinamiento de trabajadoras y trabajadores. La realidad de estos días demuestra que con unidad de acción movilizada puede revertir el intento del gobierno Macri.

Buenos Aires, 17 de febrero de 2017

Crecen la protesta social y las acciones de unidad

La inflación de enero según el INDEC alcanzó al 1,3% y en línea con las proyecciones anuales del Gobierno Macri. Sin embargo, las estadísticas de la Ciudad de Buenos Aires remiten a un crecimiento de precios del 1,9% para el mismo periodo y el sindicalismo con investigadores del CONICET remite a una expansión del 1,6%, que anualizado supera largamente el 30% de inflación.
Más allá de la credibilidad de los indicadores, las carencias se sienten en las familias de menores ingresos que involucra a más de la mitad de la población, alcanzando a los denominados sectores medios. Por eso preocupan las negociaciones salariales, que en el caso de los bancarios no fueron homologadas por el ministerio de Trabajo, aun cuando acordaron patronales bancarias y el sindicato de los trabajadores de los bancos.
Vale considerar que en la medición del INDEC aparecen especificidades que dan cuenta del impacto diferencial de la carestía,
Por un lado se menciona que el 1,3% se divide en un alza del 1% en bienes y un 1,7% en servicios. Es consecuencia del tarifazo, que como sabemos continuará con incrementos cuatrimestrales. Además, por otro lado, en materia de bienes se destaca que los precios de los alimentos tienen un mayor crecimiento, 1,6%, respecto del promedio de enero.
Los empobrecidos no pueden escapar a los aumentos de tarifas de servicios públicos, ni evitar el gasto de consumo de alimentos diario, por lo que sufren el impacto más allá del promedio benigno de las cuentas públicas del INDEC.
El impacto de la inflación es resultado de la política de precios que sustenta los intereses de las patronales, ya que mientras los trabajadores son impedidos u obstaculizados de defender el precio de la fuerza de trabajo, los fijadores de precios cuentan con el aval de la política de Estado (tarifas) o la ausencia de control, caso de la impunidad de grandes cadenas de comercialización.
Desde el gobierno se obstaculiza la negociación de los trabajadores de bancos o la docencia, y la Secretaría de Comercio establece normas de precios transparentes que pensadas para bajar precios termina legitimando nuevas subas de los valores en cuotas o al contado.
Más allá de la evolución de los precios, importa destacar la inequidad del papel del Estado, ya que no es solo una estadística los subsidios estatales a las empresas, ahora bajo la figura del “perdón” por impagos de contratos incumplidos.
Remito al canon adeudado por el grupo Macri a propósito de la privatización del Correo en 1997 y su re-estatización en 2003. El monto del escándalo está en discusión, pero la magnitud de mínima por 4.800 millones de pesos pone en evidencia el carácter clasista de las políticas de Estado. La cifra se extiende a más de 70.000 millones de pesos hacia 2033. Además, la empresa demanda al Estado por otra vía para hacerse de fondos estatales que compensen la demanda por el impago empresario. Un escándalo con abuso agravado.
No hay novedad en el proceder del grupo empresario, ya que la fortuna de la familia Macri se asocia en el tiempo a contratos con el Estado, con la precisión que ahora, además de mantener el mando de los intereses empresarios tradicionales, el primogénito del clan familiar se encuentra a la cabeza del gobierno de la Argentina.
Mientras el Estado discrimina beneficios y perjuicios, la mayoría social aparece afectada por la inflación y la política estatal.
Movilizaciones, unidad de acción y Paro Nacional
Los docentes amenazan con el no inicio de clases a comienzo de marzo si no se habilita la paritaria nacional. El Estado nacional delega en las provincias la negociación salarial en un marco de restricciones fiscales cubiertas con creciente endeudamiento y alusiones a la disminución del gasto.
Mientras los sindicatos demandan actualización del 35%, la orientación oficial ofrece un 18% y en cuotas. Por ello, más que comienzo de clases, lo que es seguro es la movilización de todos los gremios docentes y la evidencia del conflicto que anima el Paro más allá de las aulas. La CGT y las CTA, éstas en unidad de acción, convocan por separado al Paro para marzo.
La medida de fuerza emblemática del movimiento obrero fue anunciada varias veces durante el 2016 y postergada por variadas razones, desde la defección sindical hasta el accionar gubernamental lubricado con recursos de obras sociales y negociación, demandando tiempo de espera ante el primer año de gobierno.
Enero y Febrero se despliegan con el conflicto extendido con base en recreación de suspensiones y despidos, alza de precios y continuidad de las dificultades económicas expresadas en la recesión subsistente. Es la antesala de un marzo con extensión del conflicto y con la novedad del Paro internacional de las mujeres del 8 de marzo.
La dilación del conflicto encuentra el límite de las afectadas condiciones de vida de la sociedad y por eso la convocatoria a la movilización el 7 de marzo.
Son razones de la movilización en general el crecimiento del costo de vida y la baja de los ingresos populares. De tal magnitud que se impone la unidad de lo diverso.
Ese es el marco que motiva a las tres centrales sindicales a converger en iniciativas más allá de afinidades de modelo sindical y político. Todo apunta al  paro general y a la unidad de acción para frenar el ajuste, más allá de específicos objetivos de proyecto político de las cúpulas sindicales.
Desde el gobierno se destaca el interés político de la dirigencia sindical en un año electoral. Es una lectura adecuada, pero escamotea la realidad del ajuste, condición de posibilidad de la protesta extendida de la sociedad de abajo. La lucha de los docentes por sus ingresos anticipa y devela el conflicto por la distribución del ingreso y la riqueza en un tiempo de disputas de consensos electorales y políticos de más largo alcance, como parte de la discusión de proyectos políticos de país.
Entre estos se encuentra la voluntad de modificaciones reaccionarias a las relaciones entre el capital y el trabajo. El gobierno acaba de dar, relativa marcha atrás con el proyecto de reforma de la legislación sobre ART, convocando a extraordinarias para que no le cuestionen el DNU, pero lo de fondo es profundizar una línea de modificación del marco jurídico laboral para mejorar la rentabilidad de las empresas y en contra de los ingresos de los trabajadores.
Todo está en movimiento y pueden agudizarse los problemas sociales y políticos. Algunos cuestionan las unidades de acción desde la pureza de proyectos propios y descalifican conductas previas de quienes invocan en estos tiempos la protesta. Los invalidan por silencios en el ciclo previo de gobierno, despreciando la impronta de la dinámica popular más allá de las circunstanciales dirigencias sindicales y sociales.
La masividad que pueden adquirir los acontecimientos de la movilización popular ante la protesta social, como enseña la historia, habilita las construcciones de nuevas realidades en la cotidianeidad de la organización política popular.
Es por eso que se impone la más amplia unidad contra el ajuste, como rumbo para construir alternativa, el principal desafío del momento, con aspiración por la emergencia de renovación de una hegemonía de derecha en la política de la Argentina.

Buenos Aires, 11 de febrero de 2017

La continuidad de la inflación y la recesión estimulan el conflicto social

El arranque económico de la Argentina en 2017 muestra signos de preocupación en la continuidad del alza de precios y tarifas, junto al mantenimiento de la recesión productiva con impacto en la persistencia del desempleo, suspensiones y afectación del ingreso popular.
La situación exacerba las protestas sociales y el conflicto presente y futuro, con las CTA embarcadas en definir de común acuerdo un conjunto de reivindicaciones como contenido de un plan de unidad de acción a refrendar por más de un millar de delegados de todo el país. En simultáneo, la CGT se bajó del diálogo con el gobierno y empresarios para convocar a una movilización en marzo y próximo paro general.
Precios “transparentes”
En febrero comenzó el operativo “precios transparentes” que suponía una baja de 15 a 20% en los precios de contado, según la expectativa de la Secretaría de Comercio de la Nación. La realidad está siendo muy distinta y como la historia demuestra, los precios en general no tienden a bajar una vez que alcanzan un cierto nivel.
Pocos precios disminuyeron y no en los porcentuales imaginados por los funcionarios del gobierno. La mayoría de los precios se mantuvieron e incluso se incrementaron, y ni hablar de la disparada de los precios financiados en cuotas.
Se pensó en estimular el consumo y con la decisión asumida puede afectarse aún más la retracción en el consumo. El encarecimiento del financiamiento desestimula las compras a plazo, y el mantenimiento o suba de precios al contado coexiste con el menor poder adquisitivo del ingreso popular, de hecho, la mayoría de la población.
Así, la realidad impone la continuidad de una tendencia al bajo consumo que recrea las condiciones de persistencia de la recesión en la coyuntura y afecta la perspectiva de recuperación económica para para el 2017.
Tarifas eléctricas
Se anunciaron aumentos en las tarifas eléctricas en el área metropolitana, Ciudad de Buenos Aires y el conurbano, pero impactará en todo el país por los costos en origen trasladados a la cadena de generación, transporte y distribución.
Sostiene el Ministro Aranguren que aún con estas subas del 61 al 148% entre febrero y abril, no se cubre el costo y por ende, los aumentos volverán sucesivamente hasta que los precios sobrepasen el costo y aseguren niveles de ganancias que justifiquen la inversión privada.
La lógica de mercado se impone por encima de cualquier consideración al “derecho a la energía” que sustentan organizaciones sindicales como la Federación de Trabajadores de la Energía, FeTERA en la CTA Autónoma, y variadas organizaciones que promueven los derechos sociales al abastecimiento energético.
El aumento de tarifas eléctricas es parte de la asociación entre la impunidad empresarial y la lógica política del gobierno Macri.
Las empresas pretenden bajar salarios y aumentar precios y tarifas. Son medidas contra los trabajadores y los usuarios, especialmente los de menores ingresos.
Es una lógica que privilegia la ganancia de las empresas para atraer inversiones al sector energético. Es algo que queda claro en el conflicto entre la multinacional EDEA S.A. y el Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata.
La organización de trabajadores objeta el accionar integral de la empresa transnacional a costa de los propios trabajadores y trabajadoras y el conjunto de usuarios del servicio de electricidad.
En rigor, desde las privatizaciones energéticas en los 90´ del siglo pasado existe una concepción de la energía como mercancía, que compran en el mercado los que tienen suficiente dinero. Por ello, hace falta instalar en el sentido común otra concepción que supone la lucha por el derecho a la energía. Resulta una premisa conceptual para impedir la agresión a los derechos laborales de las/os trabajadoras/es de la energía y al “derecho a la energía” del conjunto de la sociedad.
Actualización salarial
Aumentos de precios y tarifas explican el deterioro de la capacidad de ingresos populares y habilita expectativas por las discusiones paritarias entre trabajadores y empresarios.
Es la base para pensar todas las actualizaciones de ingresos de los sectores más empobrecidos, ya que las jubilaciones se ajustan con base a estas actualizaciones negociadas en paritarias, y los planes sociales acompañan limitadamente las actualizaciones salariales.
Como siempre ocurre, los docentes anticipan el debate y está asociado al comienzo o no de las clases, pero también en escena se presenta el conflicto con los bancarios ante el desconocimiento por parte del Ministerio de Trabajo del acuerdo suscripto entre las cámaras empresarias y los sindicatos.
El gobierno nacional pretende desentenderse de las demandas de un piso salarial nacional docente y descarga la negociación sobre las provincias. Estas requieren asistencia financiera nacional ante los límites del déficit fiscal provincial y nacional.
Todo augura conflicto, tal como se expresó en las movilizaciones docentes de este jueves 2 de febrero. En realidad, la protesta no es solo salarial, sino que apunta al derecho a la educación, afectado por el proyecto de reforma educativa de privatización de la educación en el rumbo definido por la lógica mercantilista de carácter neoliberal.
Los bancarios tienen el aval de la justicia y sostienen la reivindicación de los acuerdos suscriptos con protestas ante la restricción del Ministro de Trabajo.
Es la protesta explícita la forma que tienen las/os trabajadoras/es para defenderse de la creciente inflación de precios y tarifas. Con esa base de movilización y sensibilización a la sociedad es que ingresan a la discusión paritaria y anticipa la escalada del conflicto sindical y social.
Desde el gobierno se imaginan un límite de actualización salarial entre el 17 y 18%, cuando el propio BCRA mantiene elevadas tasas de interés (24,75%) en las licitaciones de letras, LEBAC. La entidad monetaria explica que su decisión se sustenta en la continuidad de las expectativas inflacionarias para el 2017. Estas expectativas materializadas afectan especialmente a los sectores de menores ingresos.
La respuesta es la lucha social extendida por la distribución del ingreso, máxime cuando se estima para 2016 una pérdida de los ingresos populares promedio del 10% de la capacidad de compra. Ese es el piso a adicionar a la inflación esperada del 2017, probablemente superior al 20%.
Para imaginar el piso de recomposición salarial deben adicionarse ambos valores, el 10% resignado en 2016 y el valor esperado de aumento de precios para el 2017, no menor al 20%.
De ahí surge un piso del 30% para la actualización de ingresos, que si se pretende mejorar, la demanda estará más cercana al 35% o más, según sea la correlación de fuerzas en la contradicción entre el trabajo y el capital.
Conflicto sindical y social
Claro que resulta impensable que esa lógica argumental sea aceptada por el gobierno o la impunidad empresaria, lo que aventura protestas y conflictividad creciente para intentar afirmar derechos sociales conculcados.
La tradición de movilización sindical en la Argentina con los anuncios de las CTA y ahora de la CGT, puede habilitar un escenario de mayor conflictividad en un año electoral, donde el gobierno disputa consenso a su proyecto, por lo que califica de medidas políticas a esas manifestaciones de protesta.
Es verdad, toda protesta asume carácter político, en tanto es parte de la disputa del ingreso, antesala para discutir la distribución de la riqueza, altamente concentrada en nuestro país y en el mundo.

Buenos Aires, 3 de febrero de 2017

Debates en el movimiento popular de la Argentina

Hay que reconocer una nueva situación en la lucha de clases derivada del triunfo electoral de Cambiemos y Macri a fines del 2015.
La ofensiva de las clases dominantes, aun con contradicciones, pretende consolidar el primer gobierno constitucional no peronista ni radical, aun cuando existen y probablemente sumen nuevas apoyaturas de ambas expresiones.
Uno de esos desafíos pasa por la coyuntura electoral del 2017 y muy especialmente por transformar el consenso electoral del 2015 en consenso político más duradero, lo que requiere cierta organicidad social funcional al objetivo de la fuerza política en el gobierno.
Es decir, conformar cierta base social de masas con pretensión de constituir sustento de apoyo más allá del voto. El privilegio en este sentido pasa por la capacidad de negociación y cooptación de dirigentes y organizaciones al proyecto del gobierno. La unidad orgánica de una parte de la CGT apunta en esa dirección.
Desde lo estructural, el gobierno busca adecuar las condiciones sociales, económicas, políticas y culturales al contexto mundial de ofensiva del capital y las derechas.
Se trata de una concepción política de la “anti-política”, cuyo emblema son las/os “gerentes” o “yuppies” en el gobierno, de apariencia como “técnicos eficientes” más allá de cualquier ideología. Serían “modernos” artífices de un nuevo tiempo aggiornado a los tiempos del capitalismo contemporáneo.
Existe consenso previo de buena parte de la sociedad para legitimar este “nuevo” sentido común, como resultado de la despolitización y desideologización operada desde 1975/6.
Macri y su equipo pretenden afianzar un sentido común favorable a su modo de ver la coyuntura.
La cultura individualista forjada desde 1975/76 abona este objetivo, incluso entre “bien pensantes” críticos del neoliberalismo y del propio Macri, una cuestión exacerbada con la crítica al kirchnerismo y sus gobiernos por 12 años entre 2003 y 2015.
Alternativa política como problema
Más allá de los objetivos de las clases dominantes y del gobierno Macri, el problema central desde la crítica es la capacidad de construir alternativa, superando el límite de quienes disputan la gestión del capitalismo en Argentina.
No es un dato menor, ya que muchos potenciales aliados optan por el mal menor dentro de la gestión del capitalismo y aparecen opciones electorales de “impresentables”.
El argumento es que no está al día la revolución y entonces hay que optar por el límite de lo posible.
Un dato relevante pasa por reconocer la emergencia del kirchnerismo en la disputa del movimiento popular entre 2003 y 2015.
El kirchnerismo no solo fue gestión del orden capitalista, sino un proyecto que impulsó base social de masas con capacidad de atracción de organizaciones y sectores sociales diversos.
No alcanza con caracterizar al kirchnerismo y a sus alianzas para ser hegemónicos en la política local por tres periodos, desde el 22% captado en 2003  al 54% de 2011.
El kirchnerismo fue la forma de gestión del capitalismo tal y como es en el país, con sojización, mega minería a cielo abierto, fracking y dependencia de capitales externos,
Se trata de un modelo productivo gestado desde la dictadura genocida, profundizado en los 90´ bajo la hegemonía menemista peronista y no modificado sustancialmente en estos años, aun con distribución del ingreso (planes sociales extendidos) y avances en el empleo y las negociaciones colectivas.
El modelo productivo para la dependencia del capitalismo local, con los matices de cada gestión constitucional desde 1983,  es una construcción consolidada desde la ofensiva capitalista de 1975/76.
Construir alternativa política fue un desafío durante la dictadura genocida y sigue siendo una asignatura pendiente, especialmente en un horizonte que cuestione al orden capitalista y su efecto regresivo en la distribución del ingreso y de la riqueza.
La tendencia histórica en el capitalismo, no solo en la Argentina, es el crecimiento de la desigualdad, más allá de cualquier cambio por cortos periodos, que no modifica la tendencia.
Insistamos, no solo en el país. Solo alcanza con citar el estudio de Pikety sobre el tema, o los informes OXFAM difundidos en los cónclaves de Davos cada enero.
¿Cómo y de dónde construir lo nuevo?
Interrogante complejo a responder, pero que consciente o inconscientemente atraviesa las prácticas e iniciativas de diversas organizaciones y colectivos militantes.
Aspirar a la articulación de esas iniciativas, a veces contradictorias, es parte del desafío de la época.
Ello incluye la crítica y la autocrítica de todo lo realizado en aras de cambios transformadores y si se quiere, revolucionarios.
Nadie está exento de la crítica y la autocrítica. Entre las estrategias que me involucran reconozco especialmente dos ámbitos y articulaciones para pensar.
Una es la creación del nuevo modelo sindical de la CTA, hoy en debate profundo con su historia de expansión, división (2010) y cuestionamientos actuales, especialmente en la conducción nacional de ATE, ante cambios en la hegemonía interna y rumbos concretos en la acumulación de poder popular.
Otra remite a la estrategia electoral desde las experiencias de unidad de la izquierda, en el Frente del Pueblo (comunistas, trostkistas, peronistas) y más aún en la Izquierda Unida de 1989 y sus secuelas diversas desde entonces.
Cada uno incluyó debates y disputas por la hegemonía, con procesos específicos que merecen ser estudiados y utilizados para pensar nuevas estrategias para la acumulación de poder popular.
La democratización y pluralidad en esos ámbitos son claves para pensar y actuar el presente y el futuro.
Existen otras experiencias a considerar, sin embargo, el desafío por un nuevo modelo sindical y la unidad de los proyectos anti capitalistas sigue siendo un rumbo esencial para pensar en el nuevo tiempo.
Resulta necesario discutir cómo se construye el bloque popular para la transformación, con quiénes y cómo se transitan los debates desde la humildad, abandonando soberbias que no reconocen prácticas y pensamientos disimiles.
No hay solución simple a los problemas aludidos, solo se resuelven desde el protagonismo en la lucha social y el conflicto cotidiano por defender derechos adquiridos y ampliarlos, al tiempo que se despliega la lucha por construir subjetividad social consciente en la perspectiva de un presente y futuro más allá del capitalismo.
Lo más difícil y concreto en esa lucha y devenir es la construcción de fuerza social y política, procesos inescindibles, ya que no sirve contraponer lo social a lo político.
En la dinámica política integral de la sociedad se manifiesta la cotidiana lucha reivindicativa y la construcción de ámbitos con capacidad de disputar hegemonía y sentido común en todos los terrenos de la vida.

Buenos Aires, 1 de febrero de 2017