Corrupción y modelo de desarrollo

El caso Odebrecht pone al desnudo el tema de la corrupción, en el centro de la discusión brasileña en donde se despliega una gigantesca protesta sobre episodios que salpican a los principales partidos y líderes del sistema político.
La norma de la empresa en el otorgamiento de coimas no se limita al territorio de origen, sino que se extiende a todos los ámbitos de acción de un grupo económico de origen en Brasil y con expansión transnacional en la región. Es una empresa translatinas, financiada como otras por el poderoso Banco de Desarrollo de Brasil, BNDS, como parte de la política del Estado brasileño.
No es distinto a lo ocurrido en otras latitudes y en todo tiempo pasado y presente. Es la historia de EEUU, de Alemania, de Japón y más reciente con los tigres asiáticos. Es el camino de la Ford o la General Motors en EEUU, de la Siemens en Alemania o cualquiera de las marcas de transnacionales conocidas y consumidas habitualmente por nosotros, en la alimentación, el transporte, los electrónicos, las comunicaciones o toda la actividad cotidiana sostenida con desarrollos tecnológicos de punta.
Siempre está el Estado nacional del capitalismo para sostener y empujar a sus capitales nacionales. En cada turno político, la vocación de gobierno apunta a sostener a sus empresarios amigos y la corrupción es ese camino de ida y vuelta entre gestores políticos de la sociedad y las grandes empresas. El famoso robo para la corona.
Capitalismo y corrupción son dos caras de la misma moneda, y con el caso Odebrecht y el ejemplo brasileño, que pronto puede llegar a la Argentina, se desnuda la forma de funcionamiento de la sociedad contemporánea.
Queda clara la connivencia de los distintos poderes del Estado para sustentar la lógica de las ganancias de las grandes empresas que dominan la cotidianeidad. Es algo que asocia economía y política y que atraviesa a toda la sociedad y su cultura. Por eso, en el 2x1 fue la sociedad movilizada la que disciplinó al poder republicano de los tres poderes, cómplices en distintos momentos para instalar niveles de impunidad.
En el 2x1 la movilización fue contra la impunidad de lesa humanidad y con Odebrecht se necesita confrontar social y masivamente a la corrupción instalada en la Argentina desde hace décadas.
La empresa Odebrecht no llegó ahora como contratista del Estado del gobierno Macri, ni es la única empresa que se reitera por años en una relación privilegiada con el Estado.
Es más, el Grupo Macri está asociado a negocios con el Estado desde hace décadas, más allá de las opciones políticas de los miembros más visibles del holding. El padre y el hijo hicieron alarde de diferentes opciones políticas en los últimos tiempos, algo que no les impide disfrutar de la plusvalía apropiada por su carácter de monopolio.
Muchos claman por el fin de la corrupción y eso nos llevaría a terminar con el régimen de la ganancia que asocia al Capital con su creación, el Estado capitalista. Este, el Estado, actúa desde la división de poderes para favorecer la inversión reproductiva de la lógica de explotación y valorización para la acumulación y la dominación.
Claro que todo ello funciona articulando la producción, la distribución, el intercambio y el consumo, en un círculo que intenta ser virtuoso para quienes lo definen. La corrupción es el lubricante que favorece la reproducción de estas funciones del orden económico y estimula el proceso inicial que se resuelve en quien decide invertir para activar el proceso en su conjunto.
Es lo que lleva a Macri a buscar inversores para activar la economía, vengan de EEUU, Europa, Japón o China, y más allá de donde se realice el ciclo completo de la distribución, el cambio o el consumo, especialmente en un mundo sin fronteras según sostiene la política hegemónica en nuestras días, el mal llamado neoliberalismo, que como dijimos muchas veces no es ni nuevo ni liberal.
Los que deciden el ciclo económico son los inversores, la burguesía, y Pedro Paz, querido profesor e investigador jujeño de Economía Política, fallecido en 1989 sostenía que al no haber burguesía nacional en Argentina que sustentara un proyecto capitalista local, ese lugar estaba destinado a ser ocupado por el Estado Nacional, y que el peronismo desde 1946 había apuntalado ese modelo, con sustitución de importaciones para alimentar el crecimiento de la clase trabajadora, una burguesía local y el consumo social masivo, junto a la distribución fronteras adentro (mercado interno).
Pedro Paz acaba de ser homenajeado en la Universidad Nacional de San Luis, en la Facultad de Economía, Derecho y Ciencias Sociales con sede en Villa Mercedes. Se conformó allí un Centro de Pensamiento Crítico que lleva su nombre. En la inauguración del 24/5/2017 se recuperaron esas tesis del intelectual argentino que desplegó sus enseñanzas en la región latinoamericana, corrido por dictaduras, golpes y clases dominantes asociadas a la corrupción y a la muerte.
Claro que su recuerdo ocurre no ya en tiempos del desarrollismo y su crítica, de políticas keynesianas para salvar al capitalismo ante la presencia de una sociedad bipolar entre 1945 y 1975, los “treinta gloriosos”. Desde los 90 existe otro mundo, y la ofensiva capitalista contemporánea, desde 1973/76, entre Chile y Argentina, no admite de reformismos, y el consumo está solo pensado para las capas de más altos ingresos y la supervivencia para la mayoría de la sociedad.
Por ende, el proyecto sobre modelo productivo y de desarrollo tiene que pensarse bajo los parámetros de la dominación transnacional e imperialista, o en perspectiva de independencia y liberación.
Acaba de pasar el 25 de mayo (1810), día de conmemoración de revolución y estamos en vísperas del 29 de mayo (1969), día de recuperación de una de las grandes revueltas obreras de la Argentina.
En ambas fechas se le puso límite a la dominación, a la dependencia colonial en un caso, a la dictadura en el otro. Ahora, en tiempos de debate electoral, quizá nos inspire la gesta libertadora de aquellas efemérides y retomar debates de época para que el desarrollo no reproduzca la lógica consumista del modelo productivo hegemónico.

Buenos Aires, 26 de mayo de 2017

Argentina entre China y Brasil

Argentina tiene serias dificultades económicas y el diagnóstico gubernamental apuesta a resolverlas con inversiones externas, muy esquivas luego de año y medio de asumido.
La iniciativa de Macri fue intensa en sus viajes al exterior y en organizar actividades locales para el desembarco de dirigentes políticos de los principales países capitalistas. Recibió a Obama y visitó a Trump; se codeó en varias ocasiones con los principales Jefes de Estado y recibió elogios por el rumbo de la política económica, muy especialmente de los organismos internacionales. Las grandes empresas fueron tentadas en foros locales y globales, y en más de una ocasión se enunciaron voluntad de inversión, que solo se materializan a cuenta gotas.
Vale mencionar que la demanda para inversiones apuntaba a consolidar una tendencia hacia la disminución del costo de producción en materia fiscal y salarial. Es una lógica histórica del capital hegemónico, tendiente a bajar costo laboral y fiscal, sustentando su rentabilidad a costa del Estado las trabajadoras y trabajadores.
Sin inversiones externas no hay lógica de valorización productiva y mientras tanto, la Argentina empuja inversiones especulativas, sea por altas tasas de interés ofrecidas por el BCRA como consecuencia de su política monetaria, como por la apertura de la cuenta de capitales que estimula el ingreso de divisas, principalmente para engrosar el endeudamiento público. Así, lo real es la valorización del ciclo del capital dinero por encima del ciclo del capital productivo. Una reiteración de ciclos económicos que subordina al país a mecanismos especulativos de elevado costo social.
Expectativas en inversiones chinas
La ausencia de inversores estadounidenses o europeos, llevaron a los anuncios recientes provenientes de China, algunos de los cuales no son novedad y fueron oportunamente criticados por la gestión actual cuando eran opositores.
En general, son anuncios relativos a infraestructura para energía por cifras millonarias. Se reiteran los anuncios de las represas patagónicas sin los estudios medio ambientales finalizados, situación que las viene frenando hasta el momento. Se agregan represas en otros territorios y sobresale el anuncio de la construcción de dos nuevas centrales de energía nuclear por 12.500 millones de dólares. Los anuncios de construcción de las represas generaron históricos debates relativos a la cuestión medioambiental, agigantadas con el anuncio relativo a energía nuclear.
No se conoce la letra chica de los acuerdos, ni los plazos de ejecución, pero la práctica indica que para China todo es un paquete que incluye financiamiento, empleo de fuerza de trabajo y compra de tecnología china, con límites para imaginar el impacto en fuentes de empleo local y desarrollos tecnológicos propios. La dependencia tecnológica es un problema histórico que afianza la subordinación del país sobre el sistema mundial.
Es evidente que la tradición familiar Macri en las relaciones con el gigante asiático puede rendir frutos, ahora bajo signo de gobierno distinto al ciclo anterior entre 2003 y 2015.
Argentina consolida el creciente papel de China en las mutuas relaciones económicas, con fuerte déficit comercial. En 2016, las importaciones desde China sumaron 10.483 millones de dólares, contra solo 4.661 millones exportados desde Argentina. El saldo negativo alcanzó los 5.822 millones de dólares.
Este saldo pretende revertirse y no queda claro cómo lo hará la Argentina en proceso creciente de primarización y destrucción de su sector manufacturero.
Todo indica la profundización de ese saldo negativo del comercio bilateral, que en enero pasado fue de -566 millones de dólares y de -456 millones en febrero, totalizando en el primer bimestre nada menos que -1.022 millones de dólares.[1]
La relación comercial con China es creciente desde la sojización favorecida por la generalización de los transgénicos en la producción. Hacia fines del mandato de Cristina Fernández, apareció con fuerza el papel financiero de China con una operación en moneda china (Yuan) por el equivalente de 11.000 millones de dólares. En paralelo se afianza el papel inversionista en Argentina.
Brasil es de temer
Si China es el segundo socio comercial de Argentina y preocupa la subordinación externa, la situación se agrava cuando incluimos en el análisis la situación presente de Brasil de Temer, que como indicamos en el subtítulo es de temer.
¿Por qué preocupa? Veamos los datos[2]. Argentina importó desde Brasil en 2016 por 13.674 millones de dólares y exportó hacia Brasil por 9.028 millones de dólares, con un saldo negativo de -4.647 millones de dólares.
En enero pasado, el saldo fue -336 millones de dólares y creció en febrero a -626 millones de dólares, con un total para el bimestre de -962 millones de dólares.
La actual crisis en Brasil provocó una devaluación de la moneda brasileña (el Real) superior al impacto sobre la cotización de la moneda argentina contra la divisa estadounidense, abaratando las exportaciones desde Brasil y encareciendo las que salen desde la Argentina.
No resulta así un buen pronóstico para el país la crisis brasileña, por lo menos en el corto plazo, mucho menos con una política industrial que afecta la capacidad productiva industrial con una capacidad ociosa del orden del 40%.
Brasil y China, primero y segundo socio comercial de la Argentina generan lo principal del déficit comercial, sumando entre ambos 10.469 millones de dólares en 2016 y 1.984 millones de dólares en el primer bimestre del 2017, agravado en la situación general del sector externo con el déficit por servicios.
El total de la cuenta corriente (mercancías, servicios y rentas) fue deficitaria por -15.024 millones de dólares, que como sabemos, para cancelar ese saldo negativo, hubo que ingresar divisas por 29.131 millones de dólares (saldo total de la Cuenta Capital y Financiera), que incluye un crecimiento de Reservas Internacionales por 13.725 millones de dólares. El ingreso de esas divisas constituye básicamente deuda pública: 21.099 millones de dólares del Gobierno Nacional y 7.307 millones de dólares los Gobiernos Provinciales.
Terminar con la dependencia externa
Aun cuando al cierre de la misión externa en Japón, Macri anunció nuevas inversiones de Toyota en Argentina, los datos del sector externo local y la realidad de la producción industrial demuestran la orientación del modelo productivo del capitalismo en el país.
Asistimos a la consolidación de un modelo primario exportador, de escasa industrialización, afirmando el escaso valor agregado bajo la modalidad de “armaduría”, todo sostenido con endeudamiento público que paga el trabajo social conjunto de la Argentina y reproduce el carácter subordinado del país.
Todo lleva a una mayor degradación de las condiciones de vida de la población y por eso se sostiene y crece el empobrecimiento, junto a una nueva ronda de ofensiva contra los salarios, las condiciones de empleo y la seguridad social de trabajadores activos y pasivos.
Resulta imprescindible frenar el proceso histórico de dependencia y generar condiciones para otro modelo productivo y de desarrollo, que cuestione estructuralmente el modo actual de organizar económicamente la sociedad, lo que supone un debate social amplio y una confrontación política con el poder y sus beneficiarios locales y externos.
El tiempo electoral puede ser propicio para esta discusión, solo si se puede superar la discusión entre las políticas vigentes y una concepción que se limite a reformas en el marco de lo que se permite sin cambiar estructuralmente la organización económica de la sociedad en Argentina.
Nuestra consideración apunta a generar un movimiento social organizado en asamblea o congreso popular que pueda discutir el presente para transformarlo en la perspectiva de resolver necesidades sociales insatisfechas.
Por las condiciones históricas del desarrollo de la Argentina, los trabajadores y trabajadoras pueden asumir esa tarea desde un bloque social con una estrategia que articule las demandas del movimiento obrero y popular.
Buenos Aires, 20 de mayo de 2017



[1] Ministerio de Hacienda de Argentina, en: http://www.minhacienda.gob.ar/secretarias/politica-economica/programacion-macroeconomica/  (consultado el 20/05/2017)
[2] Ibidem

Hay un gran verso en el discurso ideológico y político del gobierno de Macri. Entrevista realizada por Mario Hernández

M.H.: Comentame sobre el Encuentro de Pensamiento Crítico que se desarrolló en la CTA Autónoma.

J.G.: Fue una reunión convocada por el Instituto de Estudios y Formación de la CTA, junto a la Asamblea Argentina Mejor sin TLC, un movimiento que surgió hace un año en el local de la CTA precisamente. Se han hecho audiencias públicas en el Parlamento, varias reuniones y hay un plan de acción importante porque del 11 al 14 de diciembre próximo va a sesionar en la Argentina la Organización Mundial del Comercio (OMC).
Hay una ministerial de la OMC, van a venir los representantes de todos los países de la Organización donde actualmente hay 154 países como miembros, que tienen como objetivo la liberalización de la economía mundial. La OMC promueve una mayor apertura de la economía mundial. Lo que hoy estuvimos haciendo fue discutir con varias organizaciones sociales, entre las cuales por supuesto estuvo la CTA y sectores de la CGT, de la Federación de Comercio que estudian mucho el tema de la liberalización comercial, porque uno de los ejes de la OMC es la liberalización de los servicios; eso significa que las grandes transnacionales y los gobiernos liberales alientan una liberalización de las telecomunicaciones, por ejemplo, de la banca, el tema es que entren y salgan libremente las mercancías, los servicios, el capital en general y uno de los temas que se va a considerar fuertemente en diciembre es el de la liberalización del comercio electrónico, algo que en general a mucha gente le suena lindo, porque desde tu casa podés comprar lo que quieras.
Hace poquito Macri recibió a uno de los gerentes de una de las transnacionales del comercio electrónico, un chino, con quien hablaron de que esa empresa va a vender productos argentinos en el mundo, entonces más de un pequeño o mediano productor se siente contento porque imagina que le va a poder vender al mundo, si hay recesión en Argentina es bueno poder venderle al mundo. Pero no se dan cuenta de que ese discurso en realidad es generar las condiciones para liderar el mercado mundial y que en todo caso Argentina destruya lo poco que tiene de industria local, ya que las condiciones de competencia de la producción mundial destruye la producción local. Esto ocurre con los textiles, los calzados, la industria del juguete. Una vez que por razones de precios bajos se sustituya la producción local de lo que sea, alimento, calzado, vestimenta, maderas, juguetes, muebles, inmediatamente subirán los precios. Es como cuando se discute el tema de las empresas low cost, vamos a poder hacer viajes a precios más baratos mientras se instalan, pero una vez que lo hagan, reemplazarán las rutas de la o las aerolíneas actuales, en este caso Aerolíneas Argentinas, y después van a subir el precio de los pasajes.
Hay un gran verso en el discurso ideológico y político del gobierno de Macri que es lo mismo que ocurre con Trump que habla contra la globalización, pero vemos que el presidente de EE. UU. lo que empuja es institucionalizar el dominio de las empresas estadounidenses en EE. UU. y en el mundo.
Ese es el discurso de la OMC que habla de libertad de mercado cuando lo que domina son las grandes transnacionales, entonces lo que vamos a tener en Argentina es una discusión de los representantes de los gobiernos de los países del mundo, de EE. UU., Europa, Japón, China que ha hablado muy bien de la OMC y lo que se pretende es una mayor apertura de la economía.
Lo interesante de lo que se está discutiendo es que cuando una empresa se encuentra en desventaja con un servicio estatal, lo que el Código de libre comercio establece es que hay que subvencionar a la trasnacional para que compita de igual a igual con el Estado. Algo así como que las trasnacionales siempre ganan, cuando tienen y cuando no tienen dominio del mercado. Es lo que ha pasado en la Argentina no solo en este gobierno sino también en el anterior, con los subsidios que reciben las empresas petroleras para explotar ese insumo tan importante que son el petróleo y el gas en Argentina.
Muchas veces se habla del subsidio a los servicios públicos, al transporte, a la electricidad, etc., y no se considera que en Argentina se subsidia fuertemente a las petroleras que son empresas que dominan la economía mundial a través de la explotación de un insumo tan estratégico como son el gas o el petróleo. Así que la acción de hoy fue comenzar a generar las condiciones para formar un gran movimiento popular y social, que así como entre el 2001 y 2005 luchó contra el ALCA, la idea es ahora poner en discusión los argumentos por la liberalización y una campaña que desnude los verdaderos objetivos de esto.
Se estuvo planteando que podría convocarse para el próximo 24 de junio una asamblea nacional que trate de juntar a múltiples organizaciones de lucha social contra las trasnacionales y el modelo productivo sojero, megaminero, de apertura a la circulación de capitales para que todo eso que hoy lucha en la Argentina pueda articularse en una dimensión conjunta contra una reunión tan importante como la de la OMC.
Se dijo que diciembre va a pasar, pero más allá de lo que se acumule para protestar contra la presencia de la OMC en Argentina, hay que ver una lucha en continuado, porque si ahora Alemania es la coordinadora del grupo de los 20 a partir del año que viene Argentina lo hará y ese grupo que estará reunido aquí en julio de 2018, es autoerigido y discute cómo salir de la crisis mundial. En él están EE. UU., Europa, China y Japón y por América Latina Brasil, México y Argentina. Las orientaciones que este grupo tiene para salir de la crisis capitalista mundial es profundizar la lógica neoliberal, mucho más con las características de los gobiernos que hay hoy en estos países.

M.H.: Mencionaste el subsidio a las petroleras y es el subsidio que precisamente se le niega a Sancor a pesar de ser la leche un producto vital.

J.G.: Lo que pasa es que en el caso de Sancor la gran presión es contra los trabajadores, la excusa del gobierno para no hacer un aporte crediticio es que el sindicato tiene que resignar un aporte que hace la patronal y el argumento es que Sancor no es rentable por culpa de ese aporte que se hace por cada trabajador.
Vinculado al tema de las petroleras, no olvidemos que en el acuerdo de éstas estuvo también el sindicato petrolero para que los aumentos salariales tengan que ver con el crecimiento de productividad. Digamos que lo que el gobierno hace con los trabajadores de Sancor es lo que hizo con los trabajadores petroleros de la Patagonia, es lo que empujó a firmar con los trabajadores de la industria automotriz, recuerden que el año pasado empezaron con suspensiones y despidos.
El gobierno está aplicando una política de subsidios a las empresas en combinación con una política de disciplinamiento del conflicto social y de lograr que algunas organizaciones sindicales vinculadas con las patronales y el Estado modifiquen acuerdos colectivos históricos.
Macri planteó que estamos en el siglo XXI y que hay convenios colectivos que son propios del siglo XX. Algo así como que los derechos laborales atrasan en relación a un capitalismo moderno y contemporáneo. Porque la ideología, la política y los intereses del gobierno argentino son altamente favorables a la salida de la crisis capitalista por el lado de la ganancia. Por eso la gran preocupación de Macri para que lleguen las inversiones que nunca llegan, porque el sistema mundial está en crisis, porque aparece la excusa de que la Argentina es cara en términos de costos de producción y costo salarial y, por lo tanto, hay una presión para bajar ese costo de producción considerando al salario en general como un costo, entonces se buscan múltiples maneras de disciplinar.
El epicentro no es tanto los trabajadores petroleros o los lácteos sino la puja con los docentes, que tiene carácter nacional, tal como ocurre en otros países donde la ofensiva de las clases políticas dominantes y las derechas ha sido muy fuerte, entonces disciplinar al movimiento sindical docente es la puerta para lograr condiciones más generales en el movimiento obrero.
Hay que apuntar también que el movimiento obrero tiene complicidades de conducciones sindicales que facilitan estos acuerdos que apuntan a modificar estructuralmente los convenios colectivos y a satisfacer la demanda de los grandes inversores para que sean rentables sus inversiones en la Argentina, que es lo que piden estos grandes inversores y que es lo que van a demandar en la reunión de la OMC en diciembre.


La Argentina de hoy es hija directa de la imaginada por los genocidas de la dictadura cívico- militar-religiosa


M.H.: Precisamente analizando el 2x1 hablaste de las rémoras de la dictadura.

J.G.: Uso esa expresión porque nos trae a colación los objetivos de máxima que se planteó la dictadura militar en 1976: reconvertir el capitalismo en Argentina y yo digo que en estos años, desde ese entonces a la actualidad, ha habido matices, no todos los gobiernos son iguales, no es lo mismo uno dictatorial que uno democrático, pero aun dentro de los constitucionales, no son lo mismo aquellos gobiernos que explícitamente adhieren a un proyecto de la reestructuración regresiva de la economía, la política, la sociedad que aquéllos que enarbolan la crítica a las políticas neoliberales y más retrógradas.
En realidad lo que se ha consolidado es el proyecto que imaginó Martinez de Hoz y las clases dominantes de nuestro país durante la dictadura militar y que progresivamente se ha ido aplicando. Un salto muy importante fue en los años noventa, pero esos cambios estructurales no han sido revertidos, tenemos la Ley de identidades financieras de 1977 todavía, la primarización de la economía argentina se continuó, los acuerdos con Chevron para el fracking vienen desde antes, más allá de las críticas a las políticas neoliberales, por lo tanto, lo que pongo de manifiesto es que las clases dominantes cada vez que pueden avanzan explícitamente, y si no pueden hacerlo de esta manera lo hacen por lo bajo.
En Argentina siempre se avanzó sobre la política especulativa que se definió con la Ley de entidades financieras de 1977, por eso nunca se cambió. El Banco Central, con muchos matices de personas que intentaron reorientar la política monetaria, cambiaria, en otro sentido terminaron sustentando una extranjerización del capital financiero tal como existe hoy. Pero está claro que el modelo productivo primario, exportador, sojero, megaminero, de armaduría en la industria, de subordinación y dependencia en el endeudamiento, aun cuando en los últimos años la relación producto bruto/deuda disminuyó, en realidad es la excusa del gobierno actual para decir que es baja, que un país como EE. UU. está en el 100% o un poco más, países como España en el 200%, Japón mucho más, entonces Argentina tiene posibilidad todavía de seguir endeudándose.
Entonces hay cuestiones estructurales que vienen desde hace más de 40 años y que obviamente en un gobierno amigable a esto como lo es el de Mauricio Macri se avanza en el mismo sentido. Y ese clima que se genera desde el Ejecutivo, es el que le da aire al Poder judicial para ahondar en esta resolución de la Corte Suprema con el 2x1.
Pero también señalo que el 2x1 es gracias a los nuevos jueces sugeridos por este gobierno, pero aprobados mayoritariamente en el Senado de la Nación por los senadores opositores. En realidad lo que se pone de manifiesto en la Argentina actual es el carácter republicano del sistema capitalista. El Poder judicial expresa su carácter reaccionario con el 2x1 e incluso el Jefe de Gabinete se da el lujo de criticarlo, la gobernadora de provincia de Buenos Aires también, es curioso, pero la Corte Suprema de Justicia funciona como tal a sugerencia de jueces propuestos por el Poder Ejecutivo anterior y por el actual y ratificado por el Poder legislativo anterior y actual. Por lo tanto, hay una connivencia de poderes que es lo que define el carácter republicano del sistema político en la Argentina. El poder republicano en la Argentina está articulado e integrado por estos tres poderes, con lo cual si bien la orientación de la movilización está muy orientada contra la Corte Suprema de Justicia, en realidad hay que orientarla contra la Corte, el Poder judicial y el legislativo que la apañan y viceversa. En definitiva, aunque hay voces del Poder ejecutivo críticas es el mismo que ha creado este clima social.
Pero este clima social alguien puede argumentar que tiene que ver con el consenso electoral logrado por Cambiemos en 2015, y esto es real, por eso hoy necesitamos discutir muchos argumentos con la sociedad, porque convengamos que en la próxima elección de octubre el gobierno va a intentar que ese apoyo del 2015 se transforme en un consenso político más consciente para avalar la votación de medio turno en octubre de 2017. Eso exige, más allá de a quién votemos cada uno, la capacidad de organizar a la sociedad argentina para un debate profundo de lo que significa el 2x1. No es solo una cuestión de Derechos Humanos que en sí misma es tremendamente importante, sino que en realidad las clases dominantes están buscando el perdón a los ejecutores que generaron la posibilidad para la transformación reaccionaria en la Argentina.
El 40% de pobres que hay en nuestro país, tiene que ver con la organización económica de la sociedad argentina construida en los últimos años. Las consecuencias actuales son producto de lo acontecido en los últimos años. Cuando a veces se habla de la lucha del pueblo de Jáchal, por ejemplo, hay que pensar que estos pueblos que se levantaron contra el impacto de la megaminería fueron poblaciones manipuladas con los beneficios que traían las inversiones.
Menciono Jáchal porque San Juan tuvo una de las votaciones más importantes para el proyecto pro mega minero, y no pro por el PRO, sino porque el gobierno de San Juan de los últimos años fue socio directo en los negocios y la promoción de la megaminería a cielo abierto en San Juan que hoy sufre las consecuencias de la contaminación de sus ríos.
Por esto es muy importante la batalla de ideas para discutir con la sociedad que si la Corte Suprema aprueba el 2x1 es porque siente el aval del Poder legislativo y ejecutivo y de alguna manera de la sociedad que convalida. Por eso fue muy importante la dimensión masiva de la marcha del 10/5 y que haya habido finalmente voluntad de marcha unificada. Lo importante es que la sociedad asuma que hay un debate actual que recrea en las condiciones del 2017 los debates que había allá por el 75/76 cuando se generaron las condiciones para el golpe de Estado y cuando éste empezó a sentar las bases de la Argentina contemporánea.
La Argentina de hoy es hija directa de aquella Argentina imaginada por los genocidas de la dictadura cívico-militar-religiosa. Por eso creo que es mucho más que un debate jurídico, incluso más de un jurista pretende esconderse detrás de un debate legal, la propia Elisa Carrió ha hecho declaraciones afirmando que desde el punto legal es válido lo que se ha hecho, aunque dice que moralmente es incorrecto, pero el problema no es la Corte que falla a derecho sino que es un problema del Poder legislativo que no impidió con leyes que la Corte avanzara por este camino.
Creo que en definitiva está mostrando la complicidad de los tres poderes de la República y lo que exige es que el movimiento popular asuma el carácter soberano del Poder constituyente y se genere un debate a conciencia para intentar disputar no solo la política y la economía, sino la cultura, la sociedad en su conjunto. Creo que este episodio ha generado una conmoción que motiva que algunos en sentido oportunista se pronuncien en contra. Va a ser muy importante que la sociedad se movilice en contra. El 10/5 y todo lo que siga porque es una batalla larga.

M.H.: Hablás de batalla de ideas, de recrear los debates del ´75/76, creo que justamente ubicás el tema de la decisión de la Corte Suprema como una decisión de carácter político. Yo no suelo polemizar con mis entrevistados pero te quiero señalar algo, leyendo tu artículo “Las rémoras de la dictadura” creo que está demasiado centrado en la cuestión económica y tengo una diferencia en cuanto a esto, creo que si bien el golpe de Estado tuvo un objetivo económico, fue fundamentalmente político para derrotar al poder del trabajo.
En Argentina durante los ‘70 se habló de aquel famoso empate histórico que alguna vez mencionaron Portantiero y Murmis y creo que una vez que la balanza se empezó a inclinar a favor de los trabajadores, poniendo en riesgo el poder político de la burguesía, ahí intervinieron las Fuerzas Armadas cuando todas las otras mediaciones fracasaron, incluido Perón y el peronismo.

J.G.: No tengo matices, porque si algo pongo en el artículo es la relación entre economía y política, expresamente. Cuando hablo de economía hablo de organización económica de la sociedad, no hablo de economía, sino de orden económico social cultural, es un proceso integral. No se puede disociar una cosa de la otra. Lo que estaba pasando en el ´74/75 estaba afectando la tasa de ganancia, entonces no es solo una cuestión de poder político.
La Argentina nunca dejó de ser capitalista. Yo matizo y digo que no es lo mismo un gobierno constitucional que uno dictatorial e incluso matizo dentro de los gobiernos constitucionales. Hasta uno puede discutir que Argentina nunca salió del neoliberalismo a pesar de haber tenido gobiernos críticos hacia éste. Incluso tempranamente Alfonsín se enfrentó con Reagan en 1984 y su Ministro de Economía, Grispun, amenazó con que si EE. UU. no bajaba la presión sobre Argentina, nos podíamos convertir en una nueva Cuba.
Yo no me imagino que Alfonsín estuviera pensando en avanzar en un camino por el socialismo como sostiene la revolución cubana, pero evidentemente era un discurso distinto al que había en la dictadura, así como en los últimos años de gobiernos kirchneristas también hay matices respecto del discurso menemista, del de la Alianza y la crítica a las políticas neoliberales también se sustentaron en habilitar la anulación del Punto final y la Obediencia debida, que es lo que alentó todos los juicios y encarcelamientos. Por eso la Corte toma una medida que es política y dice que a los que fueron enjuiciados en una determinada correlación de fuerzas políticas, porque la anulación del Punto final y la Obediencia debida tienen que ver con la concentración de fuerzas populares gestada en torno a la crisis del 2001, a pesar que en 2001 no hay anulación, les corresponde el 2x1.
Yo fui partícipe y co-autor con Floreal Gorini quien presentó la Ley de anulación que luego retomó Patricia Walsh, que es la ley que Néstor Kirchner desde el Poder ejecutivo avaló para que el Congreso la votara y cuando muchos grupos de Derechos Humanos no creían que se podía anular, salió una anulación.
Los juicios, los encarcelamientos en este momento del gobierno Macri, es cuando las clases dominantes entienden como el tiempo de retrotraer la situación. No pudieron evitar los juicios ni los encarcelamientos, entonces aplican el 2x1.

Estas son todas cuestiones políticas, no se puede hablar de economía al margen de la política ni de la política al margen de la economía, la fragmentación de un ámbito de la economía y un ámbito de la política solo tiene sentido desde el punto de vista didáctico, la realidad es integral. No se puede compartimentar. Por eso no tengo matices con lo que decís y creo que el artículo va en ese mismo sentido. 
Buenos Aires, 9 de mayo de 2017

La inflación no da tregua y agrava la distribución regresiva del ingreso

Los datos oficiales de abril pasado señalan un crecimiento de los precios al consumidor del 2,6% para la Ciudad de Buenos Aires y los partidos que integran el Gran Buenos Aires.[1]
Si bien se trata de un dato regional, que superó todo pronóstico, el mismo es utilizado para definir la situación en el ámbito nacional. El INDEC informa que la medición nacional recién estará para el próximo mes de julio.
En lo que va del año la inflación alcanza al 9,1%, muy cerca del piso del 12% imaginado desde el BCRA, y para los últimos 12 meses suma del 27,5%, muy lejos de las pretensiones patronales de actualización salarial en convenciones colectivas de trabajo en proceso. Traigamos a cuenta el 19%, aún con actualización futura, ofrecido a docentes y que explica la continuidad del conflicto educativo.
La inflación es una cuestión de poder, donde queda claro que solo unos pocos pueden incrementar los precios.
Por lo pronto, los trabajadores no tienen libertad de mercado para establecer el precio de la fuerza de trabajo. Los docentes demandan 35% de actualización, para recuperar lo perdido en 2016 y lo que imaginan será la evolución de los precios de la canasta familiar para el 2017.
No son docentes los únicos trabajadores con ese nivel de demanda de actualización salarial, y queda clara que la batalla económica es por bajar el precio de la fuerza de trabajo, como forma de reducir el costo laboral dentro de los costos de producción.
Los que sí pueden incrementar precios son los sectores de servicios, cuyos precios crecieron por encima de los bienes. En abril, los precios de los bienes se aumentaron en 2,4% y los de los servicios en 2,9%. El acumulado de enero a abril fue de 7,7% en bienes y 11% en servicios; mientras que en el acumulado anual los bienes crecieron el 24,4% y los servicios 32,2%.
En materia de bienes destacan los alimentos, con 2,2% en abril; un acumulado durante el 2017 de 8,9% y de 29,1% para los últimos 12 meses, con el agravante que la incidencia del rubro alimentos resulta fundamental en el conjunto de los precios. Los sectores de menores ingresos y por ende con menor capacidad adquisitiva destinan la mayor parte de sus recursos en la compara de alimentos.
No cualquiera puede aumentar precios, para ello hay que tener poder.
El crecimiento de los precios en general y de los servicios y alimentos en particular agudiza el problema del empobrecimiento de la población más empobrecida, que según el INDEC suman 30,3% para el conjunto social y del 45,8% para los menores de 14 años, la infancia.
Política oficial de metas de inflación
Si bien el Banco Central sostiene su pauta del 17% como máximo, desde otras esferas se piensa en más del 20%, incluso señalan que convendría hablar de precios en sentido estricto y luego adicionar el incremento de tarifas. De ese modo pueden llegar hasta 25% o más para el año, argumentando que es menos que el elevado registro del 2016.
El encargado principal de la política antiinflacionaria es el BCRA, con una estrategia ortodoxa de contraer la masa monetaria (secar la economía; retirar dinero del mercado). Por medio de altas tasas de interés empuja esta política contractiva, estimulando inversiones especulativas de grandes inversores, entre ellos, los bancos, que prefieren invertir en tasas altas pagadas por el Banco Central que en prestar para el desarrollo productivo con riesgo de impago.
La política del BCRA es onerosa, ya que para retirar dinero del mercado ofrece cuantiosos intereses a los inversores en Letras del Banco Central, LEBAC (26,25% a 35 días). Ya hay emitidas y en circulación 739.000 millones de pesos en LEBAC, algo así como 46.000 millones de dólares. Eso es deuda del Banco Central a cargo de toda la sociedad contra los tenedores privados de esas letras. La famosa socialización de las perdidas.
Es curioso como al mismo tiempo, es la propia política monetaria la que contiene el precio del dólar, ya que con altas tasas se compite contra la demanda de dólares. Como estos ingresan en cantidades importantes por mayores importaciones y menos exportaciones, como por préstamos que tienen destino en la especulación o en el pago de la deuda pública, entonces, para evitar un mayor retraso del tipo de cambio (que no baje más de la cuenta), el BCRA resulta un comprador recurrente de dólares. Para ello emite moneda y renueva el ciclo de altas tasas para retirar esos pesos puestos en circulación (emisión) por el mismo Estado.
Un círculo vicioso, donde crece la deuda y se reaviva la combinación de inflación con desaceleración de la economía, aun cuando se intenta mostrar cierta recuperación vía inversión pública y de ciertos sectores de la producción, especialmente el agro y la construcción.
En el ciclo anterior faltaban divisas y por eso las regulaciones cambiarias (cepo entre otras) y la fuga de capitales. Ahora, ingresan dólares que hacen subir las reservas internacionales por encima de los 48.000 millones de dólares y continúa la fuga de capitales, sea por el saldo negativo del balance comercial, el turismo al exterior, las remesas de utilidades al extranjero y los pagos de la deuda
¿Qué hace y hará el gobierno? ¿Existe otro rumbo posible?
Continuará con el ajuste. El presidente dice que tiene un agujero fiscal de 500.000 millones de pesos y los ministros de Finanzas y de Hacienda señalan que es una tarea a desplegar luego del “triunfo” electoral de octubre.
Buscan consenso electoral para profundizar el ajuste fiscal, contra el gasto público social y desfinanciando derechos sociales, a la alimentación, la educación, la salud, el empleo, entre muchos otros. La reforma laboral y previsional está en la agenda de temas estructurales en ese sentido, en el mismo rumbo de Brasil, Chile y otros países de la región.
¿Se podría hacer algo distinto? Claro que sí, pero es inimaginable en el marco del proyecto político e ideológico del PRO-CAMBIEMOS.
Se puede atacar la cadena de producción y distribución de alimentos y bienes y servicios esenciales, con una concepción de derechos y no de mercancías, pero iría en contra de la lógica gubernamental y de la dominación económica.
También debiera modificarse la política monetaria, cambiaria y arancelaria, algo que la ortodoxia en el BCRA, o en Hacienda y Finanzas no puede imaginar.
En el fondo es una cuestión política, como con el 2x1, con cientos de miles movilizados pudo lograrse casi unanimidad de opinión institucional y deslegitimación social de un fallo espurio de la Corte Suprema.
¿Podrá organizarse una movilización social de tal magnitud para lograr sustanciales modificaciones en la política económica y social?
Buenos Aires, 12 de mayo de 2017

¿Se puede estar peor? ¡La lucha es por el excedente económico!

tiene límite. El gasto público "social" puede seguir bajando y el único límite es la respuesta social, el rechazo de la sociedad a frenar la reducción de salarios o el destino presupuestario a DERECHOS, a la educación, la salud o lo que sea. Todavía se puede recortar más el presupuesto educativo o de salud, entre muchos aspectos a recortar. La gravedad del tema es la cuestión de fondo: el tipo de sociedad en la que queremos vivir, ya que el capitalismo más exacerbado o menos, es la lógica de la ganancia y por ende de la explotación. Hay gobiernos más reaccionarios que otros, o al revés, más progresistas, pero en el marco del orden capitalista. El desafío es construir otro orden social. Ayer, Carlos Marx hubiese cumplido 199 años y hace 150 publicó el Tomo I de El Capital, donde explica su teoría de la plusvalía, develando un secreto de la Economía Política: el origen del excedente y medio de vida de lso propietarios de medios de producción. Ahí está la cuestión de fondo, hay que apropiar socialmente el excedente para ganar en derechos sociales y construir la nueva sociedad, que continuo llamando socialista, aun cuando no exista modelo a seguir, solo experiencias, entre las que destaco la heroica realidad de la revolución cubana.
Buenos Aires, 7 de mayo de 2017

Las rémoras de la dictadura

La Corte Suprema de Justicia validó por mayoría el 2x1 (beneficio a genocidas condenados por delitos de lesa humanidad), habilitando la libertad de los condenados por sus responsabilidades en el genocidio. Es obvio que una parte de la sociedad avala la disposición y que al mismo tiempo existe un amplio rechazo social y político.
En rigor, se vuelve a tensar a la sociedad en torno al “juicio histórico”, no solo el “juicio legal”, sobre los acontecimientos suscitados hace más de 4 décadas y que involucraron a militares, a civiles, a religiosos y muy especialmente a sectores económicos que se beneficiaron con los cambios estructurales acaecidos desde entonces y que sustentan aun hoy la impunidad de beneficiarios y ejecutores.
Remito a cambios que fueron profundizados en distintos momentos en estos años, bajo administraciones constitucionales, tanto en los 90´ como en la actualidad y por eso nos convoca a repensar la relación entre terrorismo de Estado, orden económico y coyuntura.
La obcecada decisión de disciplinar el conflicto social y sindical, negando actualización salarial por la diferencia entre la inflación y los acuerdos de parte en 2016 y obviando la proyección reiterada del desajuste entre ambos aspectos para el 2017, da cuenta de una continuidad esencial entre el propósito de aquellos años de plomo y el presente.
Ofensiva contra trabajadoras y trabajadores
En 1975/76 y los años siguientes se instaló un propósito que con matices se proyecta a nuestros días. Se trataba de disminuir el costo de producción afectando los ingresos salariales para inducir una mejora en la tasa y masa de ganancias del sector más concentrado de la economía.
Más allá de relativas recomposiciones en ciertos momentos de estos 42 años, la tendencia principal, en sentido histórico es una menor participación del salario en la distribución funcional y personal del ingreso, agravada con el cambio del papel del Estado que deterioró su función social destinada a asegurar derechos de educación, salud, empleo, etc.
Los cambios estructurales en el orden económico social enunciados en el programa económico de la dictadura genocida se materializaron en un proceso continuo que nos trae al presente, insistamos, más allá de relativas discontinuidades o atenuaciones en este tiempo histórico.
Por eso, cada vez que se puede, el sistema político responde al mandato de las clases dominantes y persiste en el rumbo estratégico para debilitar a los trabajadores y trabajadoras en la relación con las patronales.
No debe sorprender la actitud contra los docentes en todos los niveles, incluso en estas horas la presión sobre el sindicato y los trabajadores del sector lechero para atender el financiamiento de una empresa como SANCOR en crisis.
Disciplinar social, sindical y políticamente es imprescindible para abrir paso al programa de máxima del sector hegemónico en la economía local y por eso la intervención del Gobierno ante el conflicto, negando paritarias, aplicando cuando se puede el protocolo de seguridad y una fuerte iniciativa ideológica y propagandística para deslegitimar las demandas salariales y laborales.
Necesitan explicitar la estrategia para convencer a potenciales inversores que demandan desarticular un elevado nivel de sindicalización que existe en Argentina, con relación a lo que acontece en la mayoría de los países del mundo. Recordemos que hace ya unos años, las patronales y varios Estados nacionales empujan en la reunión anual de la OIT la eliminación del derecho a huelga.
Lo que se pretende desde los tiempos del terrorismo de Estado apunta a desarticular la organización sindical en el país y su trayectoria histórica plural de conflicto y “paro general”, no necesariamente usual en otros territorios, incluso por debilidad o complicidad de las direcciones sindicales. Sin ir lejos se puede recuperar la historia reciente y verificar que el último paro nacional debió ser arrancado ante la escasa convicción de la dirigencia tradicional.
El poder detrás del poder
Los poderes del Estado, en consenso unánime o con matices retoman el sentido histórico del plan reaccionario de 1975/76, cuyos resultados son el crecimiento de la desigualdad, lo que supone creciente enriquecimiento de pocos y empobrecimiento de muchos. Los últimos datos oficiales nos hablan de 30,3% de pobres por ingresos y que para menores de 14 años alcanza al 45% de la infancia.
Junto a ello se destaca la extranjerización de la producción que tributa a una acumulación mundializada definida por las transnacionales en las distintas actividades de la economía local.
Vale destacar que la desigualdad es simultánea a la dependencia de la Argentina, la que se consolida con las relaciones subordinadas al curso restaurador que supone la ofensiva liberalizadora en estas horas en todo el continente y en el mundo.
Los integrantes de la Corte Suprema fueron propuestos por el Poder Ejecutivo y designados por el Poder Legislativo, lo que afirma el carácter republicano del orden capitalista en el país.
Pretendo llamar la atención de una lógica subyacente en la decisión del máximo tribunal del Poder Judicial, coherente con la búsqueda del poder “real”, detrás de las formas de la democracia electiva e institucional (constitucional).
Con la reforma judicial en curso, con antecedentes desde el comienzo de la Dictadura genocida se busca otorgar “seguridad jurídica” a los inversores, el poder detrás del poder, a contramano de la seguridad social masiva que inspira una concepción solidaria de derechos humanos integrales para toda la sociedad.
Esa seguridad supone la impunidad con los dueños del poder y aquellos sectores que fueron o son funcionales para la ejecución del plan del poder sustantivo.
Resulta imprescindible denunciar el fallo de la Corte y bregar para su revocación, al tiempo que se profundiza la promoción de los juicios y el castigo a todos los responsables del genocidio y la regresiva reestructuración económica y social operada desde 1975/76, lo que supone discutir el modelo productivo y de desarrollo construido desde entonces con la secuela de beneficiarios y perjudicados.

Buenos Aires, 5 de mayo de 2017